Esta semana, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, denunció ante el fuero penal económico a Pablo Santillán, a los hermanos Corneille y al agente Corneille Bursatil S.A., por el delito de intermediación en el mercado de valores no autorizada (art. 310, 2do párrafo del CP).

A fines de marzo, un grupo de clientes de la histórica sociedad de bolsa Corneille Bursátil S.A. denunciaron la realización de operaciones sin su autorización, lo que les habría generado millonarios perjuicios económicos. La gravedad de los hechos denunciados inclusive llevó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a suspender a ese agente, que a la fecha continúa sin poder operar.

El escándalo reveló que, dentro de las oficinas de la firma suspendida, trabajaba, desde hace al menos 10 años, una persona que acercaba clientes, prestaba asesoramiento, cursaba operaciones y hasta tenía un puesto de trabajo pese a no estar registrado como empleado y a no contar con habilitación alguna por parte del organismo de contralor del mercado de capitales.

La denuncia de la PROCELAC reconstruyó diversos antecedentes de esa actividad no autorizada y destacó que no podría haber tenido lugar sin el conocimiento ni la intervención de los titulares de Corneille Bursátil SA.

Se reveló que dentro de las oficinas de la firma suspendida trabajaba, desde hace al menos 10 años, una persona que acercaba clientes, prestaba asesoramiento, cursaba operaciones y hasta tenía un puesto de trabajo pese a no estar registrado como empleado y a no contar con habilitación alguna por parte del organismo de contralor del mercado de capitales.

Por otro lado, la PROCELAC pudo establecer que el principal involucrado, Pablo Santillán, ya registraba antecedentes por este tipo de conductas e, inclusive, había sido objeto de un sumario administrativo por el que, sin embargo, había sido absuelto por la Comisión Nacional de Valores en enero de 2017.

Esta denuncia se enmarca en el esfuerzo de la PROCELAC por aumentar los niveles de detección de ilícitos en el mercado de capitales y por elevar los índices de eficacia de la persecución penal en un sector que, hasta hace muy poco, era rara vez objeto de investigaciones penales. En efecto, al día de hoy, el 95 % de las denuncias realizadas por delitos específicos del mercado de capitales tiene como origen al área de Mercado de Capitales de esa Procuraduría .