Unas treinta empresas vinculadas y más de 15 personas relacionadas a esas firmas están siendo investigadas por la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por contrabando y evasión impositiva en el marco de una asociación ilícita. Los delitos se configuraban en la importación de diferentes productos a través de cuatro "empresas de cartón" que gozaban de beneficios impositivos y operaban, en su mayor parte, a través de la Aduana de Córdoba y con la colaboración de dos despachantes de aduana.

Se trata de "una o más organizaciones de personas, presuntamente dedicadas a la comisión de diferentes delitos (cuanto menos, aduaneros y tributarios), utilizando para ello interposición de empresas carentes de capacidad económica real para efectuar las operaciones, ocultándose así, según el caso, el verdadero importador de las mercaderías y/o el verdadero obligado en términos tributarios", describió la Procelac en un informe técnico enviado al fiscal Vidal Lascano.

Las empresas de "cartón o portafolio", tal la denominación que reciben por exhibir una fachada para ocultar a las verdaderas, "actuaron ante el organismo de control aduanero simulando su condición de adquirentes o responsables de las mercaderías, pero ocultando en verdad la identidad del o los verdaderos importadores o propietarios de los productos ilícitamente ingresados al país".

"A partir de ese engaño, los funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) erraron acerca de la identidad de los importadores y autorizaron la concreción de las importaciones", describió la Procelac, y especificó que de esa forma se vio "afectado el adecuado ejercicio de las funciones de control que la ley acuerda al servicio aduanero, en la medida en que las operaciones fueron llevadas a cabo en violación a la prohibición de importar por cuenta de terceros".

Al actuar mediante empresas importadoras ficticias que gozaban de regímenes especiales impositivos, esas maniobras les permitieron en este caso a los verdaderos importadores -la constelación de 30 empresas y más de 15 personas investigadas- el no pago del 20 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 6 por ciento del Impuesto a las ganancias.

Para lograr su cometido, las empresas "de cartón" presentaron facturas falsas en las que aparecían como las compradoras de la mercadería. Esa acción agrava las penalidades que podrían recibir los responsables, dado que el artículo 865 del Código Aduanero eleva a penas de entre cuatro y diez años de prisión cuando el contrabando se realiza con la utilización de documentación falsa.

Variedad de rubros

La causa, que tramita en el Juzgado Federal Nº2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freites, se inició en 2011 por una denuncia de la DGA. A principios de junio pasado, fueron concretados en la Capital Federal una veintena de allanamientos en domicilios de empresas y de personas, en los que se secuestró una importante cantidad de documentación que está siendo analizada y que podría llevar a la Fiscalía a ampliar el objeto por nuevos delitos.

La Procelac, a cargo del fiscal General Carlos Gonella, interviene en el caso brindando asistencia al fiscal Vidal Lascano a través del área de Delitos Tributarios y Contrabando, que coordina Juan Zoni, el funcionario que monitoreó los procedimientos llevados a cabo en junio en Buenos Aires.

Se estima que la organización actuaba al menos desde 2006 en la importación de los más variados rubros y no se descarta que en la actualidad siga cometiendo las mismas maniobras, para lo cual fue mutando a través del tiempo.

En efecto, la DGA sostuvo en su denuncia que las firmas participantes en la maniobra -cuyos nombres no se consignan para no perjudicar el avance de la pesquisa- contaban con una serie de irregularidades en su composición: carecían de empleados; no existían físicamente en el lugar declarado; no tenían sitio de Internet; carecían de propiedades y vehículos, y estaban conformadas por personas de escasos recursos y modestos medios de vida, "tales como maestros, jubilados, ama de casa, algunos casos habiéndose usurpado la identidad, no obstante poseer las firmas un importante movimiento económico".

"Posteriormente modificaron el perfil de los sujetos integrantes para conformar sociedades cuyos domicilios se declaran en lugares de mediano o alto poder adquisitivo y socios con cierto perfil empresarial o conocimientos que permitan contestar requerimientos de los organismos fiscales", indicó el organismo recaudador.