En el marco de la investigación conocida como “Mafia de los contenedores”, hoy se realizó en el Palacio de Tribunales una audiencia de exhibición de pruebas con la presencia del juez de la causa, Marcelo Aguinsky, de la Fiscalía en lo Penal Económico N°6 y del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Como consecuencia de la gravedad institucional y la magnitud de la investigación, se determinó la particular presentación y descripción del inicio y avance de la causa y de los hechos objeto de investigación en una presentación en PowerPoint expuesta por el juez, con entrega de elementos probatorios en formato CD a cada una de las partes imputadas, con el propósito de garantizar el derecho a la defensa en juicio. De esta manera se permitió el más amplio e inmediato acceso a la extensa prueba recolectada, en función de los principios procesales de eficacia, celeridad y respeto al debido proceso.

La convocatoria además tuvo por objetivo la “declaración espontánea” de un significativo número de funcionarios -72- que habrían intervenido en zona primaria aduanera, para que no sólo tengan la posibilidad de aclarar los hechos e indicar las pruebas que, a su juicio, puedan resultar de utilidad para su defensa, sino también para completar la pirámide de responsabilidades que ha trazado la PROCELAC en su dictamen presentado el mes pasado.

En la pesquisa se pudo establecer el montaje de un complejo entramado de empresas y personas físicas que, ocultando la real identidad de los importadores y a través de la presentación ante el servicio aduanero de documentación falsa, ingresó a nuestro país elementos diferentes a los documentados -con menor carga arancelaria-, con el fin último de someter la mercadería importada a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que hubiese correspondido -y también con el fin de ingresar mercadería diferente de la declarada clandestinamente-.

A través de la investigación se habían identificado complejas maniobras llevadas a cabo en el ámbito del Puerto de Buenos Aires, que apuntaban a la concreción -o, en otros casos, el intento de lograr- cuantiosas operaciones de importación durante un período sostenido (2014-2015) en las que intervinieron diferentes operadores -despachantes, agentes de transporte aduanero, entre otros-, quienes, a través del ingreso de datos falsos en los registros informáticos del servicio aduanero y en sus declaraciones juradas, como así también mediante el aporte de documentación apócrifa al organismo, falsificaban la real cantidad, peso, calidad y/o especie de las mercaderías que pretendían nacionalizar, y que en algunos casos se nacionalizaron.

El mes pasado, la PROCELAC y la Fiscalía N°6 habían solicitado la declaración indagatoria de 34 personas físicas y de 11 empresas por un total de 567 hechos -de los cuales 35 fueron en grado de tentativa- ocurridos durante los años 2014 y 2015, que significaron un perjuicio económico para el Estado Nacional calculado en más de 435 millones de dólares.