En el marco de una investigación en la que interviene la Unidad Fiscal Mar del Plata, dedicada a desentramar la actividad de una asociación ilícita dedicada centralmente al contrabando, a la administración y operación de juegos de azar online sin la debida autorización y poner en circulación en el mercado formal activos provenientes de esos delitos, se avanzó con la detención de cuatro nuevos imputados y la convocatoria a indagatoria de otros ocho, que también serían parte de la organización integrada además por varias personas ya procesadas.

En la investigación interviene  la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos de la unidad fiscal, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

En ella se logró identificar a distintos subgrupos de personas, que funcionarían interrelacionados y habrían tomado parte de la explotación de casinos online sin la debida autorización legal, para luego canalizar las ganancias obtenidas. Para ello, montaron un proceso complejo de movimiento de activos con la finalidad de ingresarlos en el sistema económico en principio bancarizado, para luego traducirlo en la adquisición de bienes.

Con este fin, habrían captado a terceras personas, muchas de ellas en condición de vulnerabilidad, a quienes le ofrecían un exiguo pago para que aporten sus datos personales, imágenes y videos, con el objeto de crear múltiples cuentas digitales que eran utilizadas para el ingreso del dinero producto de la actividad delictiva, pero también para su movimiento entre las distintas cuentas y personas que dificulte su rastreo.

La causa, instruida por el Juzgado Federal N°3, a cargo del actual juez federal de garantías Santiago Inchausti, se inició a partir de la remisión de constancias de una investigación que tramitó ante la justicia provincial. El denunciante en esa sede había relatado que una de las personas investigadas en la causa inicial, junto con su hermano, le habrían solicitado sus datos para abrirle “una billetera virtual”, por una o dos semanas. La finalidad era realizar transferencias y mover dinero de un casino virtual que aquellos explotarían y que se llamaba casino365online.net, como así también operaciones de la minería de las criptomonedas.

Desde la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Mar del Plata indicaron que, en aquel contexto, se descubrió que la apertura de cuentas a tales fines no habría sido un caso aislado sino una modalidad desplegada por los investigados y que se habría repetido con distintas personas.

Una de las computadoras encontradas en funcionamiento y con la plataforma de un casino virtual abierta al momento del allanamiento. Foto: Unidad Fiscal Mar del Plata

Red de mulas financieras

En este marco, Mazzaferri informó que estos subgrupos articularían la explotación de casinos online sin la debida autorización legal, canalizando las ganancias obtenidas por esa actividad a través del montaje de un proceso complejo de movimiento de activos que ingresaba en primer término a través de “cuentas mulas” en PSP (proveedores de servicios de pago, tales como Mercado Pago, Brubank, Ualá, Open Bank, Reba, Naranja X y Belo, sin descartar otros). Para ello, empleaban la técnica de lavado conocida como “pitufeo”, que según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos dinerarios mayores.

Esos activos luego eran transferidos a otras cuentas, también mulas, para evitar su rastreo y trazabilidad, para después ingresarlo al sistema económico bancarizado de los imputados o de sociedades vinculadas a estos, o directamente, tales ingresos ilegales se traducían en la adquisición de bienes y servicios para uso de los investigados, como rodados de media y alta gama, propiedades, viajes al exterior y compra de bienes. Esto les permitía a los acusados mantener un elevado modo de vida, manejando altas sumas de dinero en efectivo, sin que todo ello encuentre sustento o correlato en actividades legales o bien en sus situaciones patrimoniales declaradas ante el fisco.

Otras maniobras

En otros casos, según se desprende de la investigación, el flujo dinerario era utilizado en la adquisición de activos virtuales o criptoactivos, para así continuar las maniobras de lavado a través de esta modalidad íntimamente vinculada a la actividad de casinos virtuales. Tal es así que tres de los principales imputados de esta organización, ya se encuentran procesados por el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad.

En este sentido, los miembros de la organización también se habrían valido del uso de sociedades pantalla que no tenían real capacidad operativa, con la intención de transferir sumas de dinero y continuar maniobras de lavado en instancias ulteriores. Pero también se valieron de la creación y uso de sociedades propias para simular una actividad real y canalizar dichas ganancias, como también de la explotación de pequeños comercios.

En paralelo, y siempre en línea con la prueba  reunida en la investigación, para la adquisición de bienes se valían también del uso de testaferros -terceras personas o familiares- para canalizar a través de estos la obtención y administración de diversos bienes y ganancias.

La causa madre

La investigación se desarrolló en el marco de un legajo reservado que se formó en la causa madre conocida como “D.J.” (por las iniciales del apellido de uno de los organizadores de la asociación ilícita y de sus familiares imputados), donde ya se encontraban personas imputadas y procesadas en orden a distintos hechos.

En esta causa principal, se investiga la existencia de una asociación ilícita, conformada por varias personas, que al menos desde inicios del año 2020 a la actualidad, estuvo destinada a concretar delitos indeterminados, tales como la venta de elementos en infracción al Código Aduanero (ley 22.415), la administración y/u operación y/o captación de juegos de azar online sin la debida autorización emanada de autoridad competente; y poner en circulación en el mercado formal activos provenientes de tales delitos.

Según informó la unidad fiscal, de este entramado habrían participado en las maniobras funcionarios públicos, dos de ellos de la Aduana, respecto de los cuales también se avanzó con imputaciones por cohecho, recepción de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Computadoras, celulares y dinero secuestrado en otro de los allanamientos. Foto: Unidad Fiscal Mar del Plata

Últimos allanamientos y medidas

Levantado el secreto de sumario, desde el Área de Criminalidad Económica que conduce Mazzaferri, informaron que el pasado 4 de noviembre se realizaron diez allanamientos en Mar del Plata, dos de ellos en un reconocido barrio privado. En esa oportunidad, se secuestró documentación de interés, elementos informáticos, armas y dinero en efectivo en distintas monedas de curso legal, tales como 3.801.520 pesos, 347.657 dólares, 18.505 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes y 140 euros. Asimismo, se secuestraron tres motocicletas y cinco automóviles, algunos de ellos, de alta gama.  Luego, se allanaron cajas de seguridad privadas de dos de los investigados, contexto en el cual se secuestraron 429.982 dólares y 3.500.000 pesos argentinos.

Cabe mencionar que en uno de los domicilios allanados -ubicado en un barrio privado- se encontraron en funcionamiento dos computadoras que tenían abiertas plataformas de casinos virtuales, mientras que otro de los investigados, al momento del procedimiento, arrojó al patio de un comercio vecino dos bolsos con dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Días después, el 12 de noviembre, se llevaron a cabo 33 órdenes de presentación, que abarcaron no solo la ciudad de Mar del Plata, sino también, Yerba Buena (Tucumán), Catriel (Río Negro), Sáenz Peña, La Plata, Carlos Casares y Dolores (provincia de Buenos Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia (Chubut), a fin de obtener información que permita delinear la trazabilidad de los activos.

El juez Inchausti convocó a los investigados a prestar declaración indagatoria y ordenó cuatro detenciones, dos de las cuales se efectivizaron en ocasión de los procedimientos. Sobre las otras dos personas se presentaron órdenes de captura nacional e internacional dado que no se encontraban entonces en el país, y recién el pasado 10 de noviembre se las detuvo cuando intentaban ingresar  por el paso de Puerto Iguazú.

Además, el magistrado dispuso respecto de todos los investigados su prohibición de salida del país y decretó la inhibición general de bienes y otras medidas cautelares de tipo económicas (como bloqueo y congelamiento de cuentas y cajas de seguridad) tanto sobre los convocados como también de otras personas vinculadas con ellos. Las indagatorias comenzaron el 11 de noviembre y hasta el momento, todas las personas que comparecieron se negaron a declarar.

En la investigación participó la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras que en los procedimientos intervino el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA.

Lo actuado va en línea con la política criminal desarrollada por la Fiscalía de Distrito de Mar de Plata, a cargo del Fiscal General Daniel Eduardo Adler, para que se investiguen a las plataformas de juego virtual y la posible comisión del delito de lavado de dinero, tras la advertencia de instituciones educativas de la ciudad sobre el crecimiento de las apuestas online y la adicción al juego entre adolescentes.