El titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Walter Bento, dispuso ampliar el procesamiento de Sebastian Marcelo Solé y de integrantes de su círculo íntimo, en el marco de la causa que investiga el lavado de las millonarias ganancias provenientes del prostíbulo “Pyme Vip”, ubicado en el centro de la capital provincial. En junio del año pasado, el Tribunal Oral N°1 había condenado a Solé –propietario del mencionado local- a diez años de prisión por el delito de explotación económica por ejercicio de la prostitución ajena. Durante el debate oral, en el que intervinieron los fiscales Fernando Alcaraz y Patricia Santoni, había quedado acreditada la explotación de al menos 30 mujeres en situación de vulnerabilidad, así como la responsabilidad en la comisión del delito por parte de dos policías, un inspector municipal y hasta un médico que practicaba abortos a las víctimas, entre otros.

A la hora de fundamentar la ampliación de los procesamientos por lavado, el magistrado consideró suficientemente acreditado que, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a los cuantiosos fondos provenientes de la explotación prostibularia, Solé llevó adelante un entramado de operaciones inmobiliarias y de adquisición de vehículos, colocando en todos los casos los bienes a nombre de personas de su círculo más cercano, para ocultar así el notable crecimiento patrimonial que atravesaba.  En este sentido, el juez federal destacó el aporte técnico de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y de la fiscal María Laura Roteta, el cual permitió demostrar “palmariamente que las personas físicas protagonistas de los negocios jurídicos mencionados no revestían el perfil económico ni financiero que les hubiese permitido respaldar dichas operaciones, pues la información proporcionada por los organismos estatales, evaluada y ponderada conjuntamente, da cuenta que no habrían podido justificar el origen de los fondos aplicados, exhibiéndose en consecuencia serias inconsistencias entre la capacidad adquisitiva y los incrementos patrimoniales detectados”.

Negocio millonario

Tal como lo reconoció el imputado, la explotación económica de la prostitución de las mujeres en el local “Pyme Vip” entre abril de 2009 y mayo de 2013, cuando se produjeron los allanamientos, resultó un “negocio millonario” que le permitió llevar una vida de lujo (residía en uno de los barrios privados más caros de Mendoza) y realizar importantes negocios en el sector inmobiliario, sin una actividad formal que respalde dicho patrimonio.  El juez federal Walter Bento señaló que esa situación quedó efectivamente corroborada con el informe  de la Procelac, el cual concluyó que, como consecuencia de la actividad ilícita desarrollada, Sebastián Solé logró cuadruplicar sus ingresos netos en 32 meses, estimando un ingreso neto mensual (libre de gastos) de 380 mil pesos.

Mi secretaria, mi testaferro

Entre el abundante caudal probatorio se destacan una gran cantidad de intervenciones telefónicas ordenadas por el juzgado en donde el propio Solé expresa de manera directa la utilización de testaferros a la hora de realizar operaciones inmobiliarias. A modo de ejemplo, uno de los diálogos más elocuentes tuvo lugar el 16 de abril de 2013, cuando Solé le sinceró a su interlocutora –una martillera pública- el origen espurio de los fondos con los que habría adquirido algunas de sus propiedades, así como las maniobras para eludir a la justicia. “El tema es que esto no tiene un solo papel, esto va a nombre de una testaferro mía, te hablo con confianza, sabes de dónde vengo… esto va a nombre de una testaferro mía, de una mina que era secretaria mía”.

La referencia a la secretaria tiene que ver con Marcela Romina Tonolli, sobre quien el magistrado también amplió el procesamiento por lavado de activos, ya que habría accedido a colocar bienes a su nombre y al de sus padres, todo ello a cambio de una retribución económica. Al momento de su declaración indagatoria, Tonolli manifestó que no contaba con registro de conducir y que era frecuente usuaria del transporte público. A pesar de ello, tenía bajo su titularidad dos vehículos de alta gama, y dos motocicletas. También, había participado en la adquisición y administración de dos edificios, y en la construcción y administración de otro inmueble que habría demandado una inversión superior a 1,3 millones de pesos, lo que brinda una dimensión del volumen de fondos ilícitos volcados hacia la economía formal.

La acusación también se apoya en documentación que acredita la celebración de un contrato de comodato por medio del cual Tonolli le cedía “en préstamo gratuito” cinco departamentos ubicados en O’Higgins N°1901, de Godoy Cruz. En otra de las intervenciones telefónicas, Nadia Haro, esposa de Solé y también procesada por lavado, le advierte a su esposo: “Otra cosa, el Gas de O’Higgins –en referencia al edificio ubicado en la calle Bernardo O’Higgins 1901, de Godoy Cruz- viene a nombre tuyo, te aviso porque vos una vez me dijiste que no tenías que tener ningún impuesto”.

“Las palabras de Solé resultan claras, concretas y veraces al ser cotejadas con la restante prueba obrante en autos, y son reflejo de la impunidad con la que se maneja el nombrado, siempre al margen de la ley y desprovisto de toda ética, contando con la colaboración permanente de sus personas de confianza para ello”, concluyó el magistrado.

La ampliación del procesamiento por lavado de activos incluyó además a Cristian Prado y Horacio Solé, colaborador y padre, respectivamente, del principal acusado, ambos señalados por facilitar el entramado de las maniobras.