La Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza, interinamente a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, requirió la elevación a juicio por el delito de lavado de activos de origen ilícito -provenientes de operaciones de narcomenudeo- agravado por la comisión habitual de maniobras de esta naturaleza a un grupo familiar de seis personas -dos de ellas vinculadas a la venta de estupefacientes y las otras cuatro individualizadas como prestanombres- oriundas del departamento de Las Heras.

La investigación previa estuvo delegada en el Ministerio Público Fiscal desde fines de diciembre de 2019. Desde entonces y hasta principios de septiembre de 2021 se logró acreditar que, al menos entre los años 2012 a 2021, de forma sistemática y habitual dos de los principales investigados (los hermanos M. L. M. y D. E. M.) pusieron en circulación en el mercado de la provincia de Mendoza dinero obtenido del tráfico de estupefacientes desarrollado por ellos a lo largo de ese tiempo para adquirir trece automotores y cuatro inmuebles. 

De acuerdo con la fiscalía, varias de estas adquisiciones fueron realizadas en forma sucesiva, interponiendo como titulares en algunos bienes a cuatro personas allegadas a su círculo familiar. En algunos casos, posteriormente, los enajenaron a terceros de buena fe, todo ello con la presunta finalidad de dar apariencia de licitud al dinero y de esa forma disimular el incremento patrimonial conseguido.

La mayoría de los vehículos que adquirieron y que fueron detectados son de gama media o alta, entre los que se encontraban automóviles modelo Volkswagen Vento 2.0T FSI, BMW 530D y 118i, Citroën Lounge C4 Feline y DS3 1.6 Turbo Sport Chic y también camionetas Ford Ranger y Honda HR-V EXC CVT. Entre los inmuebles que adquirieron y administraban había un lote de 2 mil metros cuadrados en el norte del departamento de Las Heras y dos parcelas de 53 hectáreas en la localidad de Quines, San Luis. 

De acuerdo al planteo de la fiscalía, para comprar el conjunto de estos bienes el grupo familiar debió disponer de ingentes sumas de dinero que no pudo justificar con sus ingresos económicos. Por el contrario, consideró acreditado en el caso que estos recursos provinieron de las ganancias obtenidas con el tráfico de droga luego de que se comprobase que los dos principales implicados tenían antecedentes penales en la justicia federal. 

La primera de estas causas había sido iniciada en 2013, cuando se secuestró cocaína que M. L. M. tenía con fines de comercialización y se comprobaron actos de comercio de estupefacientes que ella llevó a cabo desde un local de rotisería que administraba. Por este hecho, el 14 de mayo de 2014 la fiscalía formuló requerimiento de elevación a juicio contra la imputada. Posteriormente, el 20 de mayo de 2019, en un procedimiento ordenado por la justicia de la provincia de Mendoza, en el departamento donde vivía D. E. M. y en el bar que funcionaba debajo de este (y que era administrado por él) se incautaron tres armas de fuego y cocaína, lo que derivó en la formación de una nueva causa. 

Al momento de este segundo procedimiento, se encontraba en desarrollo otra investigación en el fuero federal que había iniciado en enero del 2019, que señalaba a los hermanos como personas involucradas en el tráfico de droga. En este tercer caso, el 12 de septiembre del 2019, nuevamente en el departamento y bar que manejaban, se incautó cocaína y marihuana destinada a la comercialización, un revólver marca Taurus calibre 38 especial, junto con una balanza digital y dinero en efectivo.

Durante el aislamiento preventivo por la pandemia de COVID-19, en agosto y noviembre de 2020, la fiscalía solicitó la elevación a juicio de los casos que tuvieron los procedimientos en mayo y septiembre de 2019. Ambos fueron finalmente resueltos por juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza, que condenó a seis años de prisión a D.E.M. como líder de la banda por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de fuego y tenencia simple de estupefacientes, en concurso real.

Para el caso ahora elevado a juicio, la investigación fiscal trazó la estrategia para recabar la evidencia que sustenta la hipótesis acusatoria. Por un lado, lo relativo al cúmulo de ilícitos precedentes y la ausencia de ingresos lícitos suficientes por parte de los imputados y las imputadas y, por otro lado, la identificación acabada de los bienes que son objeto del lavado de activos. Varios de estos bienes se encuentran cautelados, tanto por haber sido secuestrados como por haberse ordenado medidas de no innovar que se reforzaron con la inhibición general de bienes de todos los imputados y las imputadas y un embargo preventivo que llega a los diez millones de pesos.