28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la fiscal Gloria André
Mendoza: solicitan penas de hasta diecisiete años de prisión para seis personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos
Están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su venta a través de la compra de automóviles e inmuebles. El Ministerio Público solicitó además que los rodados sean decomisados y puestos a disposición del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial.

La fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, Gloria André, solicitó hoy que se impongan penas de hasta diecisiete años de prisión para los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, acusados también de lavado de activos. Las seis personas están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su venta a través de la compra de automóviles e inmuebles.

Según repasó la fiscalía de acuerdo con las constancias de la investigación, el caso comenzó en 2017, bajo la sospecha de que Luciana Farías, mujer de Luis Nievas Quezada, y miembros de su familia comercializaban cocaína en diversos departamentos de Mendoza, luego de que éste fuese detenido por venta y tenencia de esa misma sustancia con fines de comercialización. Esta hipótesis se vio reforzada cuando, al momento de la detención de Nievas Quezada, se incautaron 750 mil pesos de la vivienda familiar, además de tres armas de fuego sin su debida autorización.

Bajo esta hipótesis, entre los años 2015 y 2018, Nievas Quezada y Farías planificaron, contactaron, organizaron y pusieron a disposición medios materiales para ejecutar maniobras de tráfico de estupefacientes, dedicándose ellos mismos en forma habitual al comercio en los departamentos de Las Heras, Godoy Cruz, San Martín y Junín de la provincia de Mendoza. Según la acusación fiscal, para llevar a cabo esta tarea el matrimonio contaba con el aporte de Mirta Nélida Toledo Fuentes, Michael Alejandro Araya Escudero y Laura Nievas Quezada. Para dar apariencia lícita al dinero proveniente de la venta de cocaína, la banda contaba con personas que oficiaban de prestanombres, entre quienes se encontraban Diego Cristian Senatore y Ana Trini Tapia. Esta última fue suspendida de la instancia de juicio por cuestiones de salud.

En su alegato la fiscal André repasó que las valuaciones de los inmuebles utilizados por la organización rondan los 20 millones de pesos y la de los vehículos sujetos a decomiso superan los 2 millones de pesos.

A pedido de la fiscalía y del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial, el 1° de junio de 2018 la justicia ordenó el allanamiento de diez domicilios, en los que se secuestró once kilos de cocaína en uno de los inmuebles pertenecientes a Nievas Quezada y Farías, en el departamento de Guaymallén. En otro domicilio también propiedad del matrimonio en Las Heras se secuestraron cien gramos de la misma sustancia lista para su comercialización y más de 500 mil pesos en efectivo en otra vivienda en la que residía Nievas Quezada.

También se ordenó el secuestro de una camioneta Ford Ranger, un automóvil Chevrolet Cruze, una camioneta Chevrolet Tracker (ubicada en una cochera próxima al domicilio del matrimonio, y en cuyo interior se encontraron tres armas de fuego sin autorización y más de mil proyectiles sin utilizar) y una camioneta Renault Duster modelo 2012. Tres de esos vehículos habían sido adquiridos a través de prestanombres, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Fernando Alcaraz. Por último, se trabó embargo sobre siete inmuebles de procedencia dudosa.

A raíz de la investigación, también se secuestró mercadería disponible a la venta en dos locales comerciales ubicados en el centro de la Ciudad de Mendoza, pertenecientes al matrimonio. Al respecto, se consideró que se trataba de bienes subrogantes de las ganancias provenientes del narcotráfico que, a su vez, utilizaban como cubierta para justificar el origen de los otros bienes y su incremento patrimonial.

De acuerdo al alegato de la fiscal André en el debate en curso, la valuación de los bienes inmuebles es de $19.419.994, de acuerdo a su valor conforme a un peritaje realizado el 25 de noviembre pasado. En el caso de los automóviles, el monto fue de $2.058.461, en relación al valor al momento en que fueron adquiridos por Nievas y Farías, y de $137.600 en la adquisición del fondo de comercio de los dos locales comerciales, conforme el valor de locación pactado a comienzos de 2018.

En el pedido de penas, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó diecisiete años de prisión para Nievas Quezada, al considerarlo organizador de comercio y almacenamiento de estupefacientes, con el agravante de la intervención de tres o más personas, en concurso real con lavado de activos agravado como miembro de una asociación ilícita y tenencia de arma de fuego sin autorización legal, estos dos últimos en calidad de coautor. Por esos mismos delitos, para Luciana Farías, el pedido fue de quince años de prisión.

Con reincidencia por una condena dictada en 2017 (que cursa de manera domiciliaria por ser persona de riesgo por COVID al ser insulino dependiente), para Mirta Nélida Toledo Fuertes el pedido de penas fue de seis años y seis meses de prisión como coautora de comercio de estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes. Por el mismo delito, para Araya Escudero la fiscalía requirió la imposición de cuatro años de reclusión, mientras que para Laura Nievas Quezada el pedido de la fiscal fue de seis años y tres meses de prisión, al ser en concurso real con el delito de lavado de activos. Por último, para Diego Senatore André pidió una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de lavado de activos, al considerar que ofició de prestanombre de la organización.

La fiscalía también solicitó el decomiso de los inmuebles y de los cuatro automóviles secuestrados, para que sean puestos a disposición del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la provincia de Mendoza.