El Juzgado Federal de Neuquén N°2 dictó el procesamiento sin prisión preventiva y dispuso el embargo de sus bienes a tres funcionarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que integraban el área de Organización de Auditorias Técnicas (OAT), por la comisión de delitos contra la administración pública en la contratación directa de servicios de auditoria para empresas petroleras. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene en la investigación la Fiscalía Federal N° 2 a cargo de María Cristina Beute, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El juzgado consideró a los imputados como coautores penalmente responsables de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En tal sentido, dispuso el embargo de los bienes al responsable administrativo de la OAT hasta cubrir la suma de $ 8.815.000, mientras que a los otros dos coordinadores del área los embargó por el monto $8.065.000 cada uno.

La resolución fue dictada luego de que el 23 de febrero pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y revocara la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que había confirmado una la decisión del juzgado de sobreseer a los imputados. En esa instancia, los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky devolvieron la causa al determinar que el marco investigativo se encontraba aún incompleto y que se le había puesto fin al proceso mediante una resolución que no abarcó la completa dimensión de los elementos obrantes en la causa.

El proceso judicial

La causa se inició a raíz de una denuncia realizada el 15 de septiembre de 2014 por la presunta adjudicación directa e irregular a una empresa subcontratada, que fue beneficiada de forma reiterada con contratos para prestar servicios petroleros desde el 2010 al 2013 sin seguir los parámetros legales y principios que guían la contratación del Estado.

De acuerdo con las constancias del caso, la función específica de la OAT era interactuar con operadoras hidrocarburíferas (OH) en representación de la Facultad de Ingeniería de la UNCo para ofrecer y coordinar la contratación de los servicios de auditoría requeridos por las OH. La OAT tenía la función de llevar adelante –con recursos propios o mediante la contratación de terceros- la efectiva prestación de los servicios de auditoría, así como facturarlos a las OH y elaborar los informes a ser presentados por la Universidad ante la Secretaría de Energía de la Nación.

El MPF detectó que entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 fueron adjudicadas a la Facultad de Ingeniería de la UNCo la realización de auditorías para YPF y, en fecha no precisada, también para Petrobras e YPF GAS. El monto de ejecución total de los contratos suscriptos entre la facultad y las empresas hidrocarburíferas fue de casi 10 millones de pesos (concretamente, $9.896.333). En ese sentido, los hechos que la fiscal les imputó a los funcionarios universitarios consistieron en la sistemática elección -en el marco de un convenio marco- en forma directa e irregular a una determinada empresa para la realización de las auditorías requeridas por las empresas petroleras, existiendo otras empresas elegibles, que fueron dejadas de lado en forma irregular.

Sin embargo, en un primer momento la imputación penal que pesó sobre los inculpados había sido descartada por el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que encuadró las contrataciones cuestionadas en el marco de un acuerdo de colaboración y no bajo los principios que regulan la contratación del Estado. La resolución fue apelada por la fiscalía y el 30 de agosto del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió confirmar la resolución del juzgado de sobreseer a los tres funcionarios universitarios por considerar que no constituían delito los hechos que se les habían imputado.

Ante ello, la fiscal general interina María Claudia Frezzini interpuso recurso de casación, que fue resuelto a su favor por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Esa decisión propició la nueva resolución del juzgado, que decretó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de bienes.