La titular a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, María Cristina Beute, solicitó la elevación a juicio oral de la causa que involucra a tres funcionarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) -que integraban el área de Organización de Auditorias Técnicas (OAT)-, acusados de haber cometido delitos contra la administración pública en la contratación directa de servicios de auditoria para empresas petroleras.

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal detalló los hechos atribuidos a cada uno de los funcionarios. Con respecto al primero, en su carácter de funcionario público en ejercicio del cargo de Responsable Administrativo OAT -desde agosto de 2010 hasta noviembre de 2012-, de Responsable Técnico y Administrativo -entre diciembre de 2012 y mayo de 2015- y en su carácter de Coordinador de la UNCO ante la Secretaría de Energía de la Nación -entre enero de 2010 y mayo del 2015- adjudicó a la empresa subcontratada, en forma directa e irregular, órdenes de trabajo en una suma aproximada de  4.313.266,33 pesos.

En cuanto a los dos restantes, quienes ejercían los cargos de Coordinador del Grupo OAT y de colaborador del representante Técnico de la UNCO ante la Secretaría de Energía de la Nación, -desempeñados entre agosto de 2011 y diciembre de 2016 respectivamente- se los acusa de adjudicar de forma directa e irregular a la empresa subcontratada 3.977.570,16 pesos, apartándose ambos de los deberes de su cargo y de las normas aplicables para las contrataciones de organismos del Estado.

"La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia de un proceso de selección transparente y ajustado a las normas vigentes", indicó la fiscal.

Tras analizar las evidencias recolectadas en la causa, la representante del MPF consideró a los tres funcionarios coautores penalmente responsables de los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" (por la adjudicación directa e irregular de trabajos a una empresa subcontratada) y "abuso de autoridad".

El 13 de marzo de 2023 el Juzgado Federal de Neuquén N°2 los había procesado sin prisión preventiva y había dispuesto el embargo de sus bienes. En aquella resolución, se había decretado el embargo al responsable administrativo de la OAT hasta cubrir la suma de 8.815.000 pesos, mientras que a los otros dos coordinadores del área se los embargó por el monto de 8.065.000 pesos cada uno.

El proceso judicial

La causa se inició a raíz de una denuncia realizada el 15 de septiembre de 2014 por la presunta adjudicación directa e irregular a una empresa subcontratada, que fue beneficiada de forma reiterada con contratos para prestar servicios petroleros desde el 2010 al 2013 sin seguir los parámetros legales y principios que guían la contratación del Estado.

De acuerdo con las constancias del caso, la función específica de la OAT era interactuar con operadoras hidrocarburíferas (OH) en representación de la Facultad de Ingeniería de la UNCo para ofrecer y coordinar la contratación de los servicios de auditoría requeridos por las OH. La OAT tenía la función de llevar adelante –con recursos propios o mediante la contratación de terceros- la efectiva prestación de los servicios de auditoría, así como facturarlos a las OH y elaborar los informes a ser presentados por la Universidad ante la Secretaría de Energía de la Nación.

El MPF detectó que entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 fueron adjudicadas a la Facultad de Ingeniería de la UNCo la realización de auditorías para YPF y, en fecha no precisada, también para Petrobras e YPF GAS. El monto de ejecución total de los contratos suscriptos entre la facultad y las empresas hidrocarburíferas fue de casi 10 millones de pesos (concretamente, $9.896.333). En ese sentido, los hechos que la fiscal les imputó a los funcionarios universitarios consistieron en la sistemática elección -en el marco de un convenio marco- en forma directa e irregular a una determinada empresa para la realización de las auditorías requeridas por las empresas petroleras, existiendo otras empresas elegibles, que fueron dejadas de lado en forma irregular.

Entre la prueba de cargo en que la Fiscalía apoya la acusación, se encuentran las conclusiones de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, que detectó numerosas irregularidades en los procedimientos y controles en la ejecución del convenio firmado entre la empresa irregularmente beneficiada por los imputados y la Universidad, en el período en que se cometieron los hechos investigados.

Sin embargo, en un primer momento la imputación penal que pesó sobre los inculpados había sido descartada por el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que encuadró las contrataciones cuestionadas en el marco de un acuerdo de colaboración y no bajo los principios que regulan la contratación del Estado. La resolución fue apelada por la fiscalía y el 30 de agosto del 2022 la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió confirmar la resolución del juzgado de sobreseer a los tres funcionarios universitarios por considerar que no constituían delito los hechos que se les habían imputado.

Ante ello, la fiscal general interina María Claudia Frezzini interpuso recurso de casación, que fue resuelto a su favor por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Esa decisión propició una nueva resolución del juzgado, que decretó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de bienes.