El fiscal federal de Lomas de Zamora Leonel Gómez Barbella formuló un requerimiento de instrucción para que se investigue la vinculación de doce empresarios de la zona sur del conurbano bonaerense con firmas off-shore, a raíz de la consulta de los datos publicados en los “Panamá Papers”. El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal al Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción fue efectuado luego de una pesquisa preliminar, realizada con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la fiscal Laura Roteta.

Gómez Barbella reseñó en el requerimiento que la investigación preliminar se inició a raíz de “diversas consultas a la información y de datos” disponibles en la web de los Panamá Papers, “creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ en inglés- y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung en conjunto con 376 periodistas de 78 países, en donde fueron publicados más de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack y Fonseca, estudio jurídico panameño conocido por crear y administrar sociedades ‘offshore’ en paraísos fiscales”.

En el formulario de consulta se ingresaron las localidades y partidos correspondientes  a la jurisdicción sobre la que tiene competencia la fiscalía federal. El siguiente paso fue la realización de consultas en Nosis y el relevamiento de expedientes judiciales diseminados en diversos fueros y jurisdicciones, vinculados a los hombres y mujeres en cuestión. Los nombres de las personas que arrojó la búsqueda  -y que fueron imputadas con el transcurso de la investigación- son los de Carlos Luciano Begue, Liliana Alicia Rodofili, Alejandro Luis Begue, Fernando Carlos Begue, Mariela Bettina Begue y Sergio Augusto Begue -todos ellos vinculados al consorcio Mantuana SA de las Islas Vírgenes Británicas y dirección fiscal registrada en Adrogué-;  Daniel Osvaldo Bootz -con presunto nexo al consorcio Barkwith Group Limited de las Islas Vírgenes Británicas y domiciliado en Adrogué-; Nelson Rubén Casado - con supuesta dirección en Burzaco y mencionado con relación a Silver Dragon International, inscripta en las Islas Seychelles -;  Javier Adrián Pellegrini -con presunta vinculación a YelowTown lnvestments Group S.A y dirección en Lanús; Rodolfo Orlando Fernández y Viviana Sosa de Fernández -mencionados con vínculo con Soday Corp. de las Islas Vírgenes Británicas y residentes en Ezeiza;  y Armando Donato Cianfagna -vinculado a Franber Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y domicilio en Adrogué-. Muchos de ellos habrían integrado cargos directivos y de presidencia en diversas sociedades.

El fiscal federal consideró que del análisis integral y concordado de los antecedentes de la pesquisa preliminar, “existe mérito de sospecha”, en principio, del delito de lavado de activos de origen delictivo (artículo 303 del Código Penal) y posibles infracciones al Régimen Penal Tributario.

Lavado de activos

Gómez Barbella advirtió que “el uso de sociedades extranjeras offshore (…) permitió el obrar en la clandestinidad de sujetos que buscaban burlar toda clase de imperativos legales mediante la actuación por interpósita persona”. “El carácter de sociedad offshore revela que se trata de una sociedad constituida en fraude a las leyes nacionales, dado que las personas que operan dicha sociedad eligieron crear un ente en otra jurisdicción para beneficiarse de un régimen de subreglamentación y opacidad, que permite obrar en la clandestinidad”, contextualizó.

En ese sentido, precisó que “el lavado de activos de origen delictivo, también llamado ‘blanqueo de capitales’, puede definirse como ‘el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima’”. El Código Penal prevé penas de tres a diez años de prisión a quienes incurriesen en ese delito.

Medidas de prueba

Por otra parte, el representante del MPF solicitó la realización de numerosas medidas de prueba, entre las que se cuentan el “levantamiento del secreto fiscal, búrsatil y bancario” de las personas imputadas; un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) donde “se analice todo reporte de operación sospechosa (ROS) como así también todo reporte sistemático mensual (RSM)” y el requerimiento a las unidad financieras de otros países, “en especial Panamá”.