El fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, pidió enviar a juicio a 25 personas acusadas de integrar una organización que habría dirigido y comercializado las facturas apócrifas emitidas por 65 usinas, y luego distribuirlas desde esa provincia hacia otras ocho a un total de 2700 contribuyentes para evadir impuestos. El perjuicio estimado supera los mil millones de pesos y la asociación ilícita fiscal, como la calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, habría estado liderada por el piloto de TC Ariel Balmaceda.

La investigación incluyó la realización de más de 50 allanamientos en todas las jurisdicciones involucradas, con el auxilio en todos los casos de la AFIP-DGI, que también interviene en el caso como querellante. Resta ahora que se corra vista a las defensas del requerimiento de elevación a juicio presentado el viernes, luego de lo cual el juez interviniente deberá resolver. La conducta del piloto fue calificada en esta etapa del proceso como jefe y organizador “de una organización o asociación compuesta por tres o más personas habitualmente destinada a cometer, colaborar y coadyuvar a sendos delitos de evasión tributaria”, en tanto que a los restantes acusados se los consideró como miembros.

Al evaluar todos los elementos recopilados durante la pesquisa, Rachid concluyó que se pudo establecer la existencia “de una verdadera organización delictiva” destinada “a la generación y comercialización de facturas apócrifas -que documentaban operaciones inexistentes-, a su vez destinadas a favorecer la evasión de impuestos por parte de los usuarios de las mismas -quienes serían los clientes de la organización delictiva-, mediante el cómputo de créditos fiscales y/o gastos espurios e indebidos, respaldados con aquella documentación impositiva apócrifa”. Para ello, la usina principal “habitualmente confeccionaba facturas, remitos, recibos y demás documentación de índole contable-impositiva, la cual luego comercializaba a gran escala, por lo que se hallaba destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la evasión de impuestos”.

Para la fiscalía hubo una organización que “extendió sus ‘productos’ por distintas provincias del país, coadyuvando y facilitando a través de su actuación habitual y sostenida en el tiempo, evasiones tributarias multimillonarias”.

La escala de la estructura ilegal queda graficada, para el fiscal, si se tiene en cuenta que se detectaron 65 usinas; 2779 usuarios de comprobantes espurios y otras usinas que actuaron también como receptoras de comprobantes apócrifos. En esa línea agregó que la organización “extendió sus ‘productos’ por distintas provincias del país, coadyuvando y facilitando a través de su actuación habitual y sostenida en el tiempo, evasiones tributarias multimillonarias”. Entre los servicios brindados se contaban la generación e inscripción de contribuyentes apócrifos -sociedades fantasmas o personas físicas insolventes que no desarrollaban las actividades gravadas falsamente declaradas-, a cuyo nombre se emitía la documentación impositiva falsa luego comercializada.

La estructura detectada en la investigación

En consecuencia, de acuerdo a la acusación, se necesitó de “una estructura y composición personal numerosa y organizada”. Para Rachid, Balmaceda aprovechó su faceta de corredor automovilístico y los “vínculos y contactos sociales propios de la actividad para conformar la asociación y extender su actuación interjurisdiccional”. Asimismo, indicó que “la administración de la asociación criminal se centralizaba, en lo esencial, en las oficinas del imputado”, ubicadas en la ciudad de San Luis. Allí se desempeñaban otras personas -también imputadas- en el “trabajo administrativo que implicaba la actividad criminal”, a saber: “la generación de contribuyentes apócrifos, confecciones de sus balances y declaraciones juradas y demás trámites pertinentes a la inscripción y existencia –meramente formal- de aquellos; así como la recepción cotidiana de innumerables pedidos de facturación apócrifa, ya sea de los numerosos intermediarios con los que contaba la organización o directamente de usuarios, y el subsiguiente circuito administrativo de generación de las facturas falsas solicitadas, su registro, remisión y seguimiento para la liquidación y cobro de las comisiones percibidas por el servicio ilegal”.

También se reparó en los aportes de un contador y una contadora por sus conocimientos especiales en la materia; de “prestanombres”, en muchos casos familiares y el entorno íntimo del principal acusado, como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades también de esa calidad -al menos 22 SRL y SA- generadas al efecto. A su vez, a todas ellas se les endilga también la intermediación para la comercialización de la facturación falsa.

Finalmente, el MPF indicó en la pieza procesal que la organización contaba con otro nutrido grupo de intermediarios que actuaban “en distintas provincias (principalmente San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén), gracias a los cuales los servicios ilícitos mencionados se ofrecían y demandaban (…) a gran escala”. Entre esas personas se identificó a “actores de la actividad del automovilismo”, lo que daría cuenta de “un mutuo conocimiento y confianza que derivó en una actividad asociativa criminal” junto a Balmaceda.

Rachid identificó a “actores de la actividad del automovilismo”, lo que daría cuenta de “un mutuo conocimiento y confianza que derivó en una actividad asociativa criminal” junto a Balmaceda.

Comisiones y el perjuicio fiscal total estimado

Tras detallar el “modus operandi”, Rachid explicó que por la venta de facturas apócrifas los miembros de la organización “habrían cobrado a los contribuyentes (usuarios) entre un 15% y un 35% del crédito fiscal espurio que con ellas se ‘generaba0'”; mientras que los intermediarios que conseguían los “clientes” adquirentes percibirían entre el 4% y el 57,14%.

Contabilizando sólo la facturación electrónica, el perjuicio fiscal total estimado ascendería a $1.003.138.761,6

Por otro lado, el requerimiento de la fiscalía cita un informe de la División Investigación de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP, según el cual “a partir del listado de usinas relacionadas con la causa se verifica que, en su conjunto, han emitido facturas electrónicas por un total facturado de $2.181.745.623,21, con un IVA discriminado de $372.586.707,74, que sería el perjuicio fiscal en dicho impuesto”; en tanto que el daño en materia de Impuesto a las Ganancias “ascendería a la suma de $630.552.053,91 (35% del monto neto facturado de $1.801.577.296,90)”. Así, el perjuicio fiscal total estimado ascendería a $1.003.138.761,66 -$372.586.707,74 por el IVA + $630.552.053,91 del Impuesto a las Ganancias-, “sólo considerando la facturación electrónica”. “Atento a la cantidad de factureros manuales encontrados en los domicilios allanados, el perjuicio fiscal sería mayor”, añadió el MPF.