15 de junio de 2024
15 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por el lavado del dinero proveniente de la estafa de Bolsafe Valores
Pidieron en Santa Fe la indagatoria de operadores del Banco Galicia y de otras firmas bursátiles
Con la asistencia de la Procelac, la fiscalía requirió la indagatoria de nueve gerentes y oficiales de empresas y de cuentas de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil. Las firmas también fueron imputadas en carácter de personas jurídicas. La presentación describe el circuito para blanquear dinero de la estafa millonaria a cientos de ahorristas.

El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez; el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el titular del área de Fraude Económico y Financiero de ese organismo, Néstor García Paradiso, insistieron hoy ante el juez Francisco Miño con el pedido de indagaroria para nueve funcionarios del Banco de Galicia, de Galicia Valores S.A. y de Valfinsa Bursatil S.A. a quienes imputaron como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, en el marco de la investigación abierta por la estafa a gran escala realizada desde la sociedad de bolsa local Bolsafe Valores. En el mismo sentido, imputaron como personas jurídicas al Banco de Galicia, a Galicia Valores y a Valfinsa Bursatil S.A. y requirieron la indagatoria de sus representantes, al tiempo que pidieron la ampliación de la indagatoria del titular de Bolsafe, el ya procesado Mario Rossini.

En el escrito de casi cincuenta fojas presentado esta tarde, los representantes del Ministerio Público desagregaron el pedido entre aquellos imputados sobre los que ya habían requerido la indagatoria y los nuevos sindicados como responsables del fraude millonario. En ese sentido, reclamaron por segunda vez que se convoque a declarar al gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia desde 2010, Silvio Ariel Gómez; a los oficiales de empresa de esa misma entidad, Diego Waldem Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah; al oficial de cumplimiento del Banco de Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Guillermo Juan Pando; al oficial de cuenta de Valfinsa, Antonio Iturrioz; y al oficial de cumplimiento de Valfinsa ante la UIF, Leonardo Perrotta.

En tanto, los fiscales imputaron por primera vez a las empresas, en carácter de personas jurídicas, y pidieron además la indagatoria del ex gerente del Banco Galicia de Santa Fe desde noviembre de 2004, Esteban Marin; del oficial de cumplimiento de Banco Galicia y Galicia Valores ante la UIF, Enrique M. Garda Olaciregui y del oficial de cuenta de Valfinsa, Flafio Meijome.

La presentación de Rodríguez, Gonella y Paradiso se centró en explicar al juez las violaciones a las normas antilavado que no fueron observadas por los operadores financieros imputados. En rigor, pusieron de relieve que la normativa se basa en dos pilares: las entidades tienen la obligación de recabar información de sus clientes para conocerlos y trazar su perfil, y también deben informar cualquier hecho u operación sospechosa a la UIF, autoridad en la materia.

"Estos deberes se corresponden con las recomendaciones dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental dedicado a fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales para combatir el lavado de activos a nivel global", recordaron en la presentación los fiscales.

En la estafa a gran escala realizada desde Bolsafe Valores, aquellas entidades financieras fueron funcionales a las maniobras de lavado que provenía de la sustracción de los ahorros y títulos de los clientes de la firma propiedad de Rossini. Al describir la "ruta del dinero", los fiscales señalaron que Bolsafe transfería los valores de sus clientes a otra empresa de Rossini, BV Emprendimientos S.A., sociedad había declarado como actividad principal el desarrollo y la comercialización de software. Esa firma liquidaba los títulos en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil. Sólo en el Banco Galicia, BV Emprendimientos tuvo créditos "en apenas 8 meses [de abril de 2012 a enero de 2013] por un total de 81.570.360,73 de títulos y débitos (transferencias emisoras) por un total de 82.038.844,06 de especies", indicaron los fiscales. "En ningún caso el objeto social de BV Emprendimientos se condice con un flujo de más de 160 millones de acciones y títulos públicos en apenas 8 meses", agregaron.

El circuito del lavado

La fiscales imputaron a los operadores "haber puesto en circulación en el mercado, transferido y vendido acciones y títulos valores por un monto superior a $300.000 que previamente habían sido objeto de desapoderamiento a cientos de víctimas mediante la maniobra defraudatoria" investigada en la causa. Todo eso, indicaron, ocurrió entre marzo de 2005 y diciembre de 2012, y se configuró "a través de la transferencia de las especies desde las cuentas comitentes de las víctimas en Bolsafe Valores S.A. hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos en Banco Galicia, o hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos en Valfinsa Bursatil, o hacia la cuenta comitente de Bolsafe Valores en Valfinsa Bursatil".

"A partir de estas transferencias iniciales, los valores desapoderados entraban en un circuito que en algunos casos importaba sucesivas transferencias entre estas cuentas y cuentas operativas de Bolsafe Valores en la misma sociedad de bolsa, hasta que finalmente, en la mayor parte de los casos, se procedía a la liquidación -venta- de las especies previo paso, en el caso de las operaciones cursadas a través del Banco Galicia, por alguna de las cuentas comitentes que registraba esta entidad en una empresa del mismo grupo: Galicia Valores Sociedad de Bolsa", describieron.

En la presentación de hoy, los fiscales reiteraron lo que ya habían sostenido el año pasado al requerir la indagatoria de 49 operadores vinculados a la estafa: “Banco Galicia debía haber elaborado un 'perfil del cliente' con relación a BV Emprendimientos del cual debía surgir como dato, si se quiere de mínima, el objeto social de la empresa. El simple cotejo de ese objeto social con el nivel de la operatoria de títulos valores que registraba la empresa debió haber hecho saltar las alertas del Banco y debió haber llevado a la realización de un Reporte de Operación Sospechosa. Nada de esto sucedió".

Igual valoración realizaron los fiscales de la actividad de Valfinsa Bursátil: “También esta entidad estaba obligada a elaborar un 'perfil del cliente' y a reportar a la Unidad de Información Financiera cualquier actividad sospechosa. Nada de esto sucedió. De contrario, Valfinsa Bursatil procedió durante años a liquidar en el mercado miles de especies que Mario Rossini y sus colaboradores habían sustraído a las víctimas a través de BV Emprendimientos".

Por eso, los representantes del Ministerio Público concluyeron que "todo indica que se trató de un acto deliberado de una entidad que conocía perfectamente con quien operaba y que, sin embargo, probablemente en razón de que se trataba de un cliente de una gran importancia –y muy redituable- para el Banco [Galicia], optó por no actuar de acuerdo a las responsabilidades que le correspondían”.

La responsabilidad

Los fiscales evaluaron la prueba recabada en el último año, entre ella declaraciones testimoniales e indagatorias de personas que ya se encuentran procesadas. Esos elementos les permitieron afianzar las imputaciones ya realizadas y solicitar las nuevas. "Todo este plexo probatorio resulta, a criterio de este Ministerio Público, harto suficiente para tener por acreditado, con el grado de provisoriedad exigido en esta etapa procesal, que Diego Waldem Van de Velde, Fernando Gabriel Yah Yah, Antonio Iturrioz y Favio Meijome manejaban las cuentas de BV Emprendimientos y Bolsafe Valores en Banco Galicia (los dos primeros) y Valfinsa Bursatil (los dos últimos)", señalaron en el escrito.

En ese sentido, ponderaron que "existen elementos suficientes para sospechar que eran ellos quienes instrumentaban las operaciones de transferencia y liquidación de títulos desde las cuentas comitentes de diferentes clientes de Bolsafe Valores hacia cuentas comitentes de BV Emprendimientos en estas entidades y desde allí hacia diferentes cuentas comitentes para proceder a su liquidación en el mercado. Estas personas instrumentaban una operatoria propia de una sociedad de bolsa con un volumen enorme de transferencias de especies para una empresa cuyo objeto social se relacionaba con el mercado informático".

Además, los representantes del Ministerio Público remarcaron que "Banco Galicia tenía por cliente no sólo a BV Emprendimientos sino a Bolsafe y al propio Mario Rossini y que este último era una persona conocida públicamente en Santa Fe", por lo cual señalaron que "está claro que la entidad tenía un panorama completo de la maniobra que se estaba llevando a cabo, y obviamente, la de su propia intervención en el tramo final: la venta de los títulos y acciones sustraídos y su puesta en circulación en el mercado de capitales confundiéndose con activos de origen lícito".

Por otro lado, señalaron que "sólo durante el año 2012 la cuenta de BV Emprendimientos en Valfinsa Bursatil habría recibido transferencias de valores desde 110 cuentas comitentes distintas de clientes de Bolsafe Valores y habría remitido valores a otras 30", lo cual, precisaron, fue "instrumentado por los encargados de la cuenta de BV Emprendimientos en esa firma (Antonio Iturrioz y Favio Meijome) a quienes pareciera no haberles generado ninguna inquietud que una empresa teóricamente ajena al mercado bursátil recibiera y enviara miles de transferencias al año desde cientos de cuentas de diferentes titulares".

En la misma línea, valoraron que "los oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera del Banco Galicia, Galicia Valores y de Valfinsa Bursatil Guillermo Juan Pando, Leonardo Perrota y Enrique M. Garda Olaciregui" tenían "el deber de prevenir y reportar operaciones susceptibles de configurar el delito de lavado de activos dentro del ámbito de las empresas en las que cumplían funciones".

Y al evaluar la responsabilidad del Banco de Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil, los fiscales ponderaron que "las personas físicas cuya indagatoria aquí se solicita no actuaron en el ámbito de su vida personal sino como funcionarios de las instituciones en las que prestaban funciones. Sin la intervención de las entidades financieras los imputados nunca hubieran podido llevar adelante las acciones que entendemos constitutivas del delito de lavado de activos".

La imputación de las personas jurídicas está incorporada al artículo 304 del Código Penal, que forma parte del título XIII, dedicado a los delitos contra el orden financiero y económico. Allí están previstas las sanciones que pueden ser impuestas a las firmas, entre ellas severas multas y suspensión de actividades.