La fiscalía nacional en lo criminal y correccional federal nro. 12 recibió por parte del área de delitos contra la Administración Pública de la Procelac, un informe de la Unidad de Información Financiera para que sea incorporado a la causa “Moyano, Hugo s/ delito de acción pública”. El expediente tramita ante el Juzgado Federal nº 11, a cargo de Claudio Bonadío y se inició a partir de una presentación realizada por la diputada nacional Graciela Ocaña a fines del año pasado.

En la causa se investigan cuatro reportes de operaciones sospechosas (ROS), en las cuales estarían involucradas cuentas bancarias pertenecientes a la Asociación de Camioneros, a la Obra Social de Camioneros y a las empresas IARAI SA, ACONRA SA y DIXEY SA, por un monto aproximado de más de 570 millones de pesos en tres de ellas, y una última operación por más de 540 mil pesos. Estas operaciones habrían tenido lugar entre los meses de marzo de 2011 a octubre de 2012.

En el informe, la UIF pone de relieve la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salieron de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) y del Sindicato de Choferes de Camiones, habrían retornado al grupo familiar de Moyano a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno. Es el caso de su esposa, Liliana Zulet; la hija de su esposa, Valeria Salerno; el suegro de Salerno, Vicente Asorey; el esposo de Salerno, Christian Asorey y Pablo Moyano, quienes ocupan cargos decisorios en las empresas que brindan servicios a las entidades dirigidas por Hugo Moyano.

Desde la Procelac indicaron que el envío se realizó para que el fiscal federal interviniente pueda evaluar si correspondía ampliar el objeto procesal de esa causa por los hechos que surgen de las ROS. Asimismo, destacaron que se pusieron a disposición de la fiscalía para prestar asistencia en lo que consideren necesario.