El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó ayer a penas de entre tres años y seis meses y diez años de prisión a once personas por liderar o integrar una asociación ilícita fiscal dedicada a la emisión de facturas apócrifas y el lavado de activos, que operó en la provincia de Chaco al menos entre principios de 2019 y fines de 2023.

En el juicio intervino el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Resistencia y cotitular del Área de Transición de la Unidad Fiscal Resistencia, Federico Martín Carniel, junto con las auxiliares fiscales María Fernanda Cerrudo Martín y Gloria María Serrano Segura y el auxiliar fiscal Adrián Nicolás Araujo. En tanto, la instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal general Patricio Sabadini.

Los dos principales condenados fueron el contador público Walter Antonio Pasko y el comerciante y dirigente social Fernando Adrián Ayala, quienes recibieron diez años de prisión como jefes y organizadores de la asociación ilícita fiscal, en concurso real con el delito de lavado de activos, en calidad de autores; y a pagar una multa equivalente a dos veces el monto de la operación. En su alegato, realizado el 18 de agosto pasado, Carniel había solicitado para los dos una pena única de 16 años de prisión.

Por los mismos delitos, aunque en calidad de integrante de la asociación ilícita fiscal, la esposa de Ayala, María José Reinau, fue condenada a una pena de siete años de prisión y a la misma multa equivalente a dos veces el monto de la operación.

Los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano también condenaron a Diana Yael Daniel a seis años de prisión; a María Belén Reinau a cinco años y seis meses; a Edith Marisel Ayala a cinco años; a Jorge Pasko y Álvaro Iván Pasko a cuatro años y seis meses; a Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy a cuatro años; y a Elsa Juana Brahim a tres años y seis meses. Todos fueron considerados coautores del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de integrantes.

Además, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes vinculados con las maniobras de lavado de activos. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de septiembre.

El fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Resistencia, Federico Martín Carniel, durante su alegato. Foto: captura de Zoom

La maniobra

En su alegato, Carniel dio por probado que los acusados conformaron una organización delictiva, estructurada y jerarquizada, con la finalidad de evadir impuestos y defraudar al Estado mediante el uso de personas jurídicas que funcionaban como “pantallas”. Para ello, sus integrantes utilizaban cooperativas, sociedades y fundaciones como usinas de facturación apócrifa.

Según la fiscalía, el contador Pasko utilizó de forma fraudulenta las claves fiscales de sus clientes —quienes luego fueron denunciantes de la maniobra— para emitir facturas correspondientes a operaciones inexistentes y sin su consentimiento.

De acuerdo con la acusación, esas facturas eran utilizadas para generar créditos fiscales ficticios y reducir de manera ilegítima los impuestos que debían ingresar al fisco.

"Ayala aportó el acceso a los programas del Estado, a los funcionarios que lo ejecutaran y a la gente que lo necesitaran. En tanto, Walter Antonio Pasko aportó la estructura a las personas jurídicas que iban a cobrar y la factura que iban a justificar el gasto. Ninguno de los dos podía hacer esto solo”, explicó el fiscal Carniel en su alegato.

En este marco, la acusación desarrolló que la estructura criminal creó una red de cooperativas y fundaciones destinadas exclusivamente a emitir facturas millonarias a organismos públicos. El principal damnificado fue Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), al cual facturaron un monto estimado de $815.762.321 entre 2022 y 2023.

La fiscalía acreditó que Diana Yael Daniel, quien ocupaba un cargo jerárquico en ese organismo estatal provincial, facilitaba y direccionaba contrataciones hacia las entidades utilizadas por la organización.

Carniel sostuvo en su exposición ante el tribunal que “la sociedad” fue la primera y principal damnificada de esta actividad ilícita. “La provincia del Chaco es una provincia de las más vulnerables del país. Con lo cual el modus operandi de la asociación ilícita fiscal incide directamente en estas cuestiones. Es dinero que no ingresó al fisco. Ahí se ve la magnitud del daño”, agregó el representante del MPF.

El lavado de activos

La acusación también consideró acreditado que Pasko, Ayala y Reinau utilizaron fondos obtenidos mediante las maniobras de evasión fiscal y fraude al Estado y los reintrodujeron en el circuito económico formal para ocultar su origen y darles apariencia de licitud.

Durante el período investigado, los principales acusados registraron adquisiciones de bienes e inmuebles que, según expuso el Ministerio Público Fiscal, resultaban incompatibles con sus ingresos declarados.

Entre las operaciones relevadas se encontraron compras de vehículos, entre ellos camionetas Toyota Hilux, Toyota SW4 y Chevrolet S10; viajes al exterior y adquisiciones de inmuebles, además de movimientos y acreditaciones bancarias por sumas millonarias.

Según la acusación, para ocultar el origen de los fondos los integrantes de la organización recurrieron a distintos mecanismos financieros y comerciales, entre ellos la facturación por servicios inexistentes, la adquisición de bienes registrables e inmuebles y movimientos bancarios destinados a dificultar el rastreo de los activos.