Los fiscales generales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón iniciaron este lunes la etapa de alegatos en el marco del juicio contra la diputada y exintendenta de la ciudad de Resistencia, Aída Ayala, y otras 16 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a lavar activos de origen delictivo.

En su alegato, los fiscales señalaron que Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, fueron ideólogos de una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para luego blanquearlos a través de diversas maniobras.

En la causa, se juzga si se conformó una organización ilícita para beneficiar a la empresa PIMP S.A., propiedad de Sampayo -y luego, a otras- con el otorgamiento de la licitación para el servicio de recolección de residuos de la ciudad chaqueña de Resistencia. La causa es conocida como “Lavado II” o “PIMP”.

El debate comenzó el 18 de septiembre y a lo largo de las audiencias declararon 62 testigos y se produjeron una multiplicidad de otras pruebas documentales e instrumentales. Las audiencias de alegatos continuarán el próximo martes 26 de diciembre, fecha en que el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Noemí Berros, Juan Manuel Iglesias y Manuel Moreira, resolverá como continuará el juicio oral que tendrá sus instancias finales en febrero de 2024.

Los imputados

Ayala y Sampayo llegaron a juicio acusados de ser coautores de los delitos de "asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado". El abogado Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez llegaron a esta instancia acusados de ser coautores de los delitos de "asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado".

Por su parte, la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña están acusados de ser partícipes necesarios de "asociación ilícita, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado"; Fátima Rigassio, Natalia y Diego Martínez Guarino se encuentran acusados de "enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos agravado"; mientras que a Luis Escobar está acusados de cometer los dos últimos delitos detallados.

A su vez, Cristian Zapata, Víctor Quiroz y Mónica Centurión están señalados por los delitos de "enriquecimiento ilícito y lavado de activos"; Eulalio Bouza como partícipe necesario de "asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado". Por este último delito también están acusados Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez.

Alegato

Durante la primera jornada, que se realizó el pasado 18 de diciembre, los representantes del MPF consideraron que se encuentra acreditado que, entre 2014 y 2018, funcionó dentro de la Municipalidad de Resistencia una organización o asociación criminal de “notable particularidad”.

“Se trató de una organización criminal que reflejó el desprecio habitual con el que se manejan los recursos del Estado en cualquiera de sus estamentos, ya sea nacional, provincial o como en este caso en particular, municipal”, aseguraron.

Al hacer uso de la palabra, el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, explicó que la exposición del MPF se iba a dividir en dos partes: la primera iba a estar vinculada a la exposición de los ilícitos precedentes que, según la acusación, se cometieron para luego proceder al lavado de activos, acusación que se desplegará en las siguientes jornadas.

“Vamos a demostrar que los ilícitos precedentes se cumplieron. Tenemos que un hacer análisis completo de los mismos y en función de eso analizaremos los actos que cometieron cada uno de los imputados para posibilitar el blanqueo del dinero ilícito”, afirmó Carniel.

Luego, se refirió a los testigos que declararon a lo largo del debate y que hicieron mención al “problema de la basura” y que mencionaron una serie de actividades tales como: encuentros con especialistas, intercambios, involucramiento de distintas áreas y concejales preocupados armando una mesa de trabajo sobre esa cuestión.

“Veremos que no existieron trabajos para fundar una erogación de 260 millones de pesos. En este expediente no están”, precisó el fiscal general. “Lo único que tenemos claro es que existió un vínculo entre los empresarios que están acá sentados, la intendenta y el señor Sampayo, porque era una persona que tenía poder para permitir o no que un acto administrativo se realice”, puntualizó.

“Sampayo era parte del negocio. Necesitaban la complicidad, el permiso o una autorización a la hora de llevar adelante un negocio como éste”, describió. “Existen indicios muy fuertes de que se trató de un proceso donde la única intención era seguir generando recursos a estos empresarios bajo el ropaje de una necesidad que nunca se solucionó bajo el mandato de Ayala, que fue el tema de la basura, que era un problema desde los inicios de su gestión. Lo único que se persiguió es el negocio”, afirmó.

Finalmente, el representante del MPF subrayó que, al analizar la prueba y los testimonios, “lo que se vio es una obra arquitectónica de empresarios y funcionarios para defraudar al Estado municipal, una práctica que ya venía de un tiempo atrás y para la cual necesitó no sólo a los empresarios sino a las más altas autoridades de la municipalidad”.

El caso

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, todos los imputados conformaron “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños”.

De esa forma, realizaron diversas maniobras para “ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado como ser la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”. De acuerdo al requerimiento del MPF, la organización estaba encabezada por Ayala y Sampayo “que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas”.

La investigación se inició en enero 2018, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta de que Sampayo -al momento de los hechos secretario general del sindicato y responsable de la firma de recolección de residuos de Resistencia- le exigía dinero al personal municipal bajo amenazas y que ponía a nombre de familiares los bienes adquiridos ilícitamente para que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no sospechara.

Tras una serie de medidas, la fiscalía federal de Resistencia inició una investigación, en marzo de 2018, contra la ex intendenta, Sampayo, Daniel Fischer -ex jefe de campaña de Ayala- y otros empresarios proveedores de la Municipalidad, funcionarios y personas de su entorno por maniobras compatibles con lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.