El titular de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le solicitó la jueza federal de esa jurisdicción, Zunilda Niremperger, la elevación a juicio de la investigación seguida contra la diputada nacional y ex intendenta de la capital chaqueña, Aída Ayala, y otras 16 personas, acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a lavar activos de origen delictivo. Se trata del segundo proceso judicial que enfrenta la ex funcionaria, quien irá a juicio por defraudación al Estado al adquirir herramientas y maquinarias con sobreprecios.

El caso

La investigación se inició en enero 2018, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta que el empresario Jacinto Sampayo -secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales y responsable de la firma de recolección de residuos de Resistencia- le exigía dinero al personal municipal bajo amenazas y que ponía a nombre de familiares los bienes adquiridos ilícitamente, para que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no sospechara.

Tras una serie de medidas, la fiscalía federal de Resistencia inició una investigación, en marzo de 2018, contra la ex intendenta, Sampayo, Daniel Fischer -ex jefe de campaña de Ayala- y otros empresarios proveedores de la Municipalidad, funcionarios y personas de su entorno, por maniobras compatibles con lavado de activos provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. De acuerdo con los elementos de prueba, las personas imputadas habían montado una organización ilícita para beneficiar a la empresa PIMP S.A., propiedad de Sampayo -y luego a otras- con el otorgamiento de la licitación para el servicio de recolección de residuos de la ciudad chaqueña de Resistencia.

Requerimiento de elevación a juicio

El fiscal Sabadini requirió que Ayala y Sampayo  sean enjuiciados como coautores de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado. Igual medida solicitó respecto del abogado Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez para que respondan como coautores de los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado.

También pidió que la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña vayan a juicio como partícipes necesarios de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado; que Fátima Rigassio, Natalia y Diego Martínez Guarino respondan por enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos agravado; mientras que a Luis Escobar lo acusó por los dos últimos delitos.

La fiscalía indicó que los imputados conformaron "una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia".

El representante del MPF también pidió el enjuiciamiento de Cristian Zapata, Víctor Quiroz y Mónica Centurión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y de Eulalio Bouza como partícipe necesario de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado. Por este último también deberán responder Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez.

De acuerdo al dictamen, los imputados conformaron “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños”, a tiempo que realizaron diversa maniobras para “ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado como ser la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje (…), generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”. La organización estaba encabezada por Ayala y Sampayo “que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas.”

“Los imputados conformaron una organización ilícita de carácter estable y permanente, que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Municipalidad de Resistencia, y desde ese lugar posibilitó le realización en forma reiterada de una serie de delitos contra ese municipio, delitos que generaron enormes ganancias ilícitas, que luego fueron aplicadas a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje que serán seguidamente expuestas, generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”, señaló el fiscal y agregó que Ayala y Sampayo “al frente de la organización, además de haber diseñado el mecanismo que posibilitó la materialización de los delitos precedentes al lavado de activo, permitieron que finalmente PIMP SA, una organización societaria sin estructura, sin medios, sin capital, resulte acreedora de millonarias sumas de dinero provenientes de las arcas del municipio de Resistencia, y luego, nutriéndose de esa estructura, volcaron el producido del ilícito, logrando de esa manera reciclar el dinero, dotando al mismo de una apariencia lícita”.

Finalmente, en su presentación, el representante del MPFN requirió la extracción de testimonios para profundizar la investigación respecto de otras dieciocho personas involucradas en los hechos.