El fiscal Alejandro Moldes, a cargo de la Fiscalía Federal de General Roca, requirió que se cite a prestar declaración indagatoria a Héctor Rubén López, ex legislador provincial y actual secretario general del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de la provincia de Río Negro y Neuquén (S.O.E.F.R.N.yN) – y simultáneamente, titular de la obra social-, junto a otros siete imputados, todos ellos directivos del gremio, familiares y/o allegados, por su presunta responsabilidad en maniobras de lavado de activos provenientes defraudaciones cometidas contra el sindicato y la obra social. De acuerdo a la investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada por el Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al menos desde 2006 hasta la actualidad los imputados actuaron de manera “continua, conjunta y organizada” para adquirir y poner en circulación bienes provenientes de hechos delictivos, por un monto aproximado de 1,5 millones de pesos.

La presentación efectuada por el representante del Ministerio Público Fiscal contiene un detallado análisis del perfil fiscal y situación patrimonial de cada uno de los imputados, cuyo denominador común es una marcada incongruencia entre los ingresos o actividad formalmente declarada y el alto poder adquisitivo exteriorizado. Este último se evidencia a partir del uso de inmuebles suntuosos, autos importados de alta gama (a nombre de familiares, prestanombres o del propio sindicato, pero que utilizaban como propios) y en los movimientos financieros registrados en las sociedades comerciales constituidas por familiares. La Fiscalía remarcó que los imputados incrementaron injustificadamente su patrimonio durante y posteriormente al período en que Héctor Rubén López ocupó el cargo de presidente de la obra social y secretario general del sindicato, con Domingo Lescano como tesorero de la primera y secretario gremial del segundo.

En relación a esta última cuestión, al referirse a la materialidad del hecho bajo análisis, el grado de participación y la responsabilidad  de los acusados, la Fiscalía puso de relieve que los mismos conformaron una estructura criminal que operó con habitualidad, a través de la conformación de una serie de firmas y emprendimientos comerciales, entre los que se encuentra un salón de eventos denominado “La Ponderosa”. En algunos casos, las sociedades dieron lugar a Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante la falta de información que respaldase el origen de los fondos ingresados. En otra oportunidad, por ejemplo, una inspección realizada por la AFIP a una de las sociedades puestas en cabeza de un familiar de López concluyó que durante el período fiscal 2016 la firma había registrado ventas netas declaradas por $772.901 y, contrariamente a ello, acreditaciones bancarias por más de $1,8 millones, es decir, más del doble.

“Se ha podido establecer, hasta el momento, que los investigados han utilizado estructuras societarias y terceras personas de manera coordinada, con el objetivo de ocultar réditos económicos ilícitamente obtenidos a partir de las conductas defraudatorias cometidas contra las arcas del sindicato, la obra social y contra sus afiliados, con capacidad para afectar al mercado económico y financiero al intentar darle apariencia de licitud a ese dinero obtenido ilegítimamente, utilizando distintos negocios jurídicos o bien creando empresas con distintos socios para engañar al Fisco e incluso llegando a evadir tributos del Estado Nacional”, concluyó el fiscal.

De este modo, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de General Roca que los ocho imputados presten declaración indagatoria en calidad de coautores de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos (art.210, 303 inc. 1y 2 “a” y 304 del Código Penal).