La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, ampliaron la imputación por lavado de activos contra 13 presuntos miembros de una organización criminal dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína en Rosario y localidades vecinas, desbaratada en noviembre de 2025.

La nueva imputación fue formalizada el 9 de septiembre pasado, durante una audiencia oral y pública celebrada ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. El fiscal Juan Argibay Molina, titular de la PROCELAC Rosario, y el fiscal coadyuvante Franco Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad, expusieron los resultados preliminares de la investigación patrimonial sobre el grupo liderado por A.F.S., que trasladaba cocaína desde Bolivia para su posterior distribución y venta.

La organización había sido desarticulada a fines noviembre de 2025, cuando sus integrantes fueron detenidos e imputados por delitos vinculados con el narcotráfico. En los allanamientos se secuestraron casi 53 kilos de cocaína, más de 51 millones de pesos, aproximadamente 67.000 dólares, 13 armas de fuego, municiones y 17 vehículos.

Los 53 paquetes de cocaína secuestrados en un domicilio de Rosario. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

A tan solo ocho meses de la primera imputación, el trabajo conjunto de PROCELAC y de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario permitió profundizar el análisis del patrimonio de las personas involucradas y reconstruir operaciones destinadas a introducir en el circuito legal fondos provenientes de la actividad ilícita.

La investigación patrimonial

Las medidas de prueba estuvieron orientadas a establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de integrantes de la organización, allegados y familiares. De acuerdo con la exposición fiscal, las operaciones no se correspondían con las actividades laborales ni con los perfiles fiscales de las personas involucradas.

La fiscalía les atribuyó a A.F.S., su hermano H.S.S, la hermana de ambos P.C.S y al esposo de esta, O.A.F., y también a H.S. S., M.J.M., L.C.F.L., J.J.A.,  V.D.E., G.J.G, J.F.R, L.P.R., C.P.M. y S.M.A, “haber tomado parte, con habitualidad, pleno conocimiento del origen espurio de los fondos y de manera organizada, al menos desde el año 2024 y hasta el momento de su detención, de una asociación criminal destinada a ejecutar operaciones tendientes a introducir en el mercado formal activos producto de narcotráfico”.

En consecuencia, les imputó el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido de forma organizada y con habitualidad, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2, apartado “a”, del Código Penal.

En relación a seis imputados que se encuentran en libertad —P.C.S, C.P.M, V.D.E, S.M.A (mujeres), O.A.F. y G.J.G. (hombres), solicitó como medidas de coerción personal, la promesa de someterse al proceso y de no obstaculizar la investigación, la obligación de presentarse mensualmente en la Oficina Judicial y la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe sin autorización previa, lo que fue concedido por el juez.

Respecto del resto de los imputados, detenidos con prisión preventiva por la imputación primaria de narcotráfico, no fue necesario imponer nuevas medidas de coerción.

Embargo y secuestro de bienes

A pedido de los fiscales, el magistrado ordenó el embargo preventivo, con fines de decomiso, de bienes identificados durante la investigación hasta alcanzar la suma de 1.800 millones de pesos.

La medida comprende dos departamentos ubicados en el complejo Estación Norte, cinco lotes en urbanizaciones de la localidad santafesina de Alvear y un departamento en un barrio privado de la ciudad balnearia bonaerense de Pinamar.

También se dispuso el secuestro, con fines de decomiso, de cuatro vehículos:

• Un BMW Z4 3.0 Si.
• Un Renault Clio cinco puertas.
• Un DS Crossback HDI 180.
• Un UTV marca CAN-AM Defender MAX XT HD10.

Los movimientos de dinero y la adquisición de inmuebles

En la audiencia, los fiscales describieron las maniobras atribuidas a las personas investigadas y detallaron los movimientos patrimoniales, los bienes involucrados y la intervención que habría tenido cada uno de los imputados en las operaciones destinadas a disimular el origen de los fondos.

Al exponer sobre las diligencias realizadas, mencionaron las tareas de campo realizadas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los allanamientos efectuados en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Alvear y Roldán, que permitieron secuestrar 32.896.000 pesos y 62.562 dólares, más de diez vehículos —algunos de alta gama—, estupefacientes y armas de fuego, y pusieron al descubierto una estructura criminal organizada con gran capacidad de generación de liquidez, según explicaron los representantes del MPF.

Dólares incautados en uno de los allanamientos al grupo imputado. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

Según la hipótesis fiscal, el análisis de la información aportada por organismos públicos y privados permite establecer que A.F.S., señalado como líder de la organización, tenía un perfil fiscal no compatible con la magnitud de las operaciones patrimoniales que se le atribuyen.

Las pericias realizadas sobre su teléfono celular permitieron, además, identificar conversaciones que, de acuerdo con la imputación, revelarían que esa inscripción fue, en realidad, una maniobra coordinada con su entorno para dotar de una fachada a sus ingresos. Los investigadores destacaron una directiva atribuida a A.F.S. que aludía a la necesidad de “no volar alto de entrada”.

Los fiscales también mencionaron la adquisición, por parte del principal imputado y de su entorno familiar, de lotes en el desarrollo urbano Estación Alvear III, la administración de inmuebles de alto valor en Granadero Baigorria y Rosario, y la ocupación de una finca ubicada en Roldán, mediante un contrato de alquiler que la fiscalía consideró simulado.

Asimismo, se identificaron inversiones millonarias en la remodelación de una vivienda ubicada en Pueblo Esther y operaciones de compra y venta de vehículos de gama media y alta.

Para la vinculación de los imputados con los bienes y su efectiva disponibilidad, los fiscales valoraron en conjunto los informes de tareas de campo, seguimientos e inteligencia criminal elaborados por la PSA desde septiembre de 2025.

Esas medidas documentaron, según la acusación, la utilización y conducción de los vehículos por parte de las personas investigadas.

Esa prueba fue complementada con registros de multas e infracciones de tránsito labradas a nombre de los implicados, así como con boletos de compraventa secuestrados durante los allanamientos. Para la fiscalía, esos elementos contribuyen a acreditar la efectiva vinculación de los bienes con la organización y a cuestionar su presunto origen lícito o la falta de relación de los acusados con su adquisición y utilización.