20 de junio de 2024
20 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid
San Luis: solicitan penas de hasta 8 años de prisión para 25 acusados de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y comercializaba facturas apócrifas
Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La AFIP calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos. Entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias estimó un monto evadido superior a los mil millones de pesos.

Los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid solicitaron el pasado miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis penas de hasta 8 años de prisión para las 25 personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, quedó demostrada la existencia tanto de un programa como la finalidad criminal de la organización, a través de la generación y comercialización de facturas apócrifas mediante múltiples, sistemáticas, habituales y permanentes tareas ilícitas entre 2014 y 2018 a través de 65 “usinas”. 

Luego de más de un año de audiencias de debate destinadas a la producción de prueba, a lo largo de los alegatos la fiscalía fundamentó la acreditación de la existencia, integración, organización, alcances y actuación de la organización con sede en la capital provincial. Rachid y Spagnuolo consideraron probada su existencia con la integración de al menos 25 personas que cumplieron distintos roles en función del desarrollo de ese plan criminal, destinado a la provisión de facturas apócrifas con el objeto de cometer, coadyuvar y colaborar en evasión tributaria.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, se pudo establecer una estructura formada por un jefe y organizador, un grupo de cuatro personas subordinadas con desempeño diario en la oficina sede de la organización y encargadas de los procesos administrativos indispensables para el funcionamiento habitual de la misma, y un nutrido grupo de personas que actuaron como intermediarias que, con permanencia y habitualidad, intervenía en la comercialización de las facturas apócrifas generadas por la organización. El producto criminal se extendió por todo el país, indicaron los representante del MPF. 

Dentro de este último grupo se identificó también a cuatro personas integrantes del entorno íntimo del jefe y a miembros fundacionales de la asociación criminal, que además de intermediar en la comercialización del producto ilícito actuaron personalmente como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades apócrifas utilizadas para su cometido delictivo por la organización. Además, se identificó a un contador y una contadora que, según la acusación, junto con el rol de intermediación en la comercialización de facturación apócrifa, brindaron el soporte contable indispensable para el funcionamiento habitual de la organización.

Durante la investigación se detectaron 65 usinas relacionadas con la organización, divididas en dos grupos: unas generadas por la propia asociación y otras “recicladas”, adquiridas inactivas o utilizadas fraudulentamente.

Entre las maniobras desplegadas por la administración se hallaron la constitución de múltiples personas jurídicas ficticias y su posterior alta impositiva ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para posibilitar la emisión de facturación apócrifa; la adquisición de personas jurídicas preexistentes sin actividad actual y su alta impositiva con el mismo fin delictivo; la  inscripción impositiva de personas humanas como contribuyentes apócrifos; y la utilización fraudulenta de contribuyentes inscriptos. 

De acuerdo con lo expuesto en el alegato del MPF, la organización también llevaba a cabo estas maniobras a través de:

  • La emisión y comercialización de la facturación apócrifa a demanda de los usuarios y la canalizaba a través de los intermediarios;
  • El registro y contabilización de la facturación y controladores fiscales espurios generados, con precisión de montos, fechas, comprobantes, clientes, usinas e intermediarios;
  • El registro y contabilización de la recaudación ilícita, a través de determinación de comisiones y su distribución con intermediarios con sistema de “cuenta corriente” habilitada para cada uno/a;
  • Un circuito de pago de las comisiones a través de cheques y/o medios informales. 

Durante la investigación se detectaron 65 usinas relacionadas con la organización, divididas en dos grupos: unas generadas por la propia asociación y otras “recicladas”, adquiridas inactivas o utilizadas fraudulentamente. Por último se determinó un patrón de reclutamiento de prestanombres, que incluyó en muchos casos el abuso de la vulnerabilidad socio-económica y/o engaño de las personas reclutadas, como también el posterior recurso a la amenaza y la coacción para acallar cualquier reclamo o denuncia.

Además, la fiscalía tuvo por probada la efectiva utilización de la facturación apócrifa comercializada por la organización por parte de terceros adquirentes de los comprobantes espurios, con incluso presunta consumación de delitos de evasión de impuestos comprendidos en el programa y fin criminal de la asociación ilícita fiscal. Para ello, se incorporaron como prueba antecedentes de inspecciones fiscales sobre adquirentes usuarios de los comprobantes espurios, quienes los habían incluido en sus declaraciones juradas impositivas para eludir impuestos, así como antecedentes de juicios penales conexos por evasión de impuestos seguidos en distintas jurisdicciones del país en contra de decenas de usuarios de los mismos comprobantes falsos.

El perjuicio económico

En cuanto al perjuicio causado por la organización criminal, se fundamentó que, según información de las bases de AFIP en relación a facturación electrónica emitida, las usinas vinculadas con la asociación emitieron facturas apócrifas en el lapso comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2018 por una cifra superior a los 2 mil millones de pesos (concretamente, un total de $2.181.745.623,21), con un IVA discriminado de $372.586.707,74 (e incluido en los Libros IVA de los usuarios por un total de $ 326.122.640,49), que sería el perjuicio fiscal estimado en concepto de IVA. Por su parte se estimó un perjuicio en relación al impuesto a las Ganancias por $630.552.053,91. El perjuicio estimado por la evasión de ambos impuestos es de poco más de mil millones de pesos ($1.003.138.761,66). 

Entre otras maniobras, la fiscalía individualizó un patrón de reclutamiento de prestanombres, que incluyó en muchos casos el abuso de la vulnerabilidad socio-económica y/o engaño de las personas reclutadas, como también el posterior recurso a la amenaza y la coacción para acallar cualquier reclamo o denuncia.

También se fundamentó que, considerando exclusivamente los registros secuestrados en la sede de la propia organización criminal en San Luis y relacionados solo con los integrantes de la asociación que llegaron a juicio, el IVA espurio comercializado ascendió a $ 127.067.899 y que los ingresos ilícitos obtenidos a partir de esa actividad ascenderían a $ 20.889.273.

El pedido de penas

Los fiscales pidieron una pena de 8 años de prisión para César Ariel Balmaceda, a quien acusaron en calidad de jefe/organizador de la asociación, mientras que para Lucas Exequiel Laureano Baldez, Flavio Rubén Cabrera, Yamila Ochoa y María Laura Limina fue de 3 años y 6 meses como administrativos de la misma organización. 

En ese marco, consideró entre los intermediarios de la asociación ilícita a Enrique Hanna Abdallah, Cristian Alberto Giuliano, Oscar Alberto Giuliano, Fernando Manuel Iglesias y Diego Eduardo Minudri se pidieron penas de cuatro años y seis meses de prisión. Para Oscar Gabriel Muñoz Oviedo, Raúl Gonzalo Saa, José Ariel Sosa, Juan Cruz Borra, Diego Martín Ho, Marcos Andrés Naldini y Julián Darío Rolandi, para quienes pidió la imposición de penas de 4 años de prisión. 

Entre los intermediarios también incluyó a Jorge Abel Pereira, Pablo Nicolás Mauri, Romina Alejandra Fernández, Daniel Víctor Escalante y Norberto Emilio Royón Blanco, para quienes solicitaron penas de 3 años y 8 meses de prisión, y a Natalia Verónica Balmaceda, María Rosa Lucero y Lorena María Ramírez, a quienes solicitaron se condene a 3 años y 6 meses de prisión. 

La fiscalía solicitó también el decomiso de bienes por el valor de más de 20 millones de pesos en concepto de ganancias del delito sobre el mismo grupo de imputados e imputadas que obtuvieron ganancias ilícitas a través de la comercialización de la facturación falsa, tanto el jefe/organizador como las veinte personas intermediarias. Al efecto, en la etapa de instrucción del caso oportunamente se habían trabado medidas cautelares.