En línea con el dictamen del fiscal general Antonio Gustavo Gómez, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -con la conformación unipersonal de la jueza Marina Cossio- resolvió que el fuero federal investigue las denuncias contra Intense Live, una supuesta empresa que, bajo el esquema de Ponzi, captaba inversionistas con la promesa de recibir altas tasas de rendimiento con poco riesgo para su inversión.

El 21 de enero pasado, la delegación tucumana de la Gendarmería Nacional recibió una denuncia anónima contra dos hombres a quienes se acusaba de cometer múltiples estafas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fuga de capitales en esa provincia, a través de la aparente empresa Intense Live. Para ello, los denunciados reclutaban personas para que invirtieran dólares con la promesa de que obtendrían una ganancia del 20 por ciento mensual del capital invertido. La denuncia también indicaba que los hombres tomaban las inversiones y las fugaban del país por medio de empresas financieras en línea, lo cual les permitía evadir impuestos.

Inicialmente, la investigación recayó en el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien la delegó a la Fiscalía Federal N°2, entonces a cargo del Carlos Brito. El representante del MPF dictaminó que la causa debía pasar al fuero ordinario, por entender que no se daban los requisitos para su tramitación en el federal. Ello fue avalado por el juez, quien el 2 de marzo declaró su incompetencia y remitió las actuaciones a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, que las acumuló a otras tres denuncias existentes contra Intense Live.

En junio pasado, la jueza penal del Centro Judicial Capital de los tribunales ordinarios de la provincia, Isolina Apás Pérez de Nucci, rechazó la competencia por entender que ni el juez ni el fiscal federal explicaron fundadamente las razones por las que las conductas denunciadas no encuadrarían en los delitos de evasión y lavado de dinero, entre otros, o al menos las tareas investigativas mínimas realizadas que permitan justificar lo sostenido. Coincidió con el criterio del fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán, Alejandro Noguera, quien expresó que del relato de los hechos surge evidente la comisión de otros delitos concadenados al de estafa, como la captación ilegal de ahorros, el lavado de activos y la evasión impositiva, cuya persecución no corresponde sino a los tribunales federales, en razón del interés que ellos y su solución representan para el Estado Nacional.

En virtud de ello, se trabó el conflicto de competencia, cuya resolución quedó a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El tribunal dio traslado de la cuestión al fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien se expidió en favor de que la investigación tramite en el fuero federal.

En su dictamen, el representante del MPFN sostuvo que los hechos a investigar configurarían una defraudación que se subsume en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 310 del Código Penal, cuyo trámite es de competencia federal. Agregó que “si bien la primera de las figuras típicas (estafa) es de investigación de competencia de la justicia ordinaria, al mediar un concurso ideal con una figura típica cuya investigación corresponde al fuero de excepción, ambos delitos deben ser investigados por este último fuero”.

Asimismo, destacó que “la captación pública de dinero para su colocación en inversiones es una actividad que en nuestro país requiere autorización de las autoridades federales competentes como el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, quienes controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos. De allí entonces que el ardid conlleva la supuesta autorización de organismos nacionales y por ende resulta ser competente el Juzgado Federal N°2 de Tucumán”.

Finalmente, la camarista federal Marina Cossio coincidió con el dictamen del fiscal general Gómez y declaró la competencia del Juzgado Federal N°2 para continuar la investigación. En tal sentido consideró “prematura” la postura del juez Poviña de declarar la incompetencia por cuanto “adoptó dicha decisión sin que se haya tomado medida alguna para determinar el objeto procesal, toda vez que no se acreditó mínimamente la comisión de él o los supuestos delitos cometidos; a lo que debemos sumar que de la propia denuncia resulta que posiblemente las maniobras denunciadas consistieron en los delitos de estafa, lavado de activos y evasión impositiva, por lo cual, los hechos a investigar podrían caer en la órbita de la competencia federal, en atención a la naturaleza de los mismos”.