Una investigación dirigida por la fiscalía federal N°2 de Rosario, a cargo de Mario Gambacorta, culminó con la desarticulación de dos bandas dedicadas al narcotráfico tras la realización de 26 allanamientos simultáneos en aquella ciudad, Carcarañá, Roldán y Granadero Baigorria. En total hubo 10 detenidos que fueron indagados ayer.

En los procedimientos se secuestraron diversas sustancias como cocaína, marihuana, éxtasis y LSD, como así también armas de fuego, cartuchos y teléfonos celulares. Los registros, autorizados por el juez federal Carlos Vera Barros, fueron realizados en parte por la Gendarmería Nacional y en parte por la División Especial de Narcocriminalidad de la Policía de la Provincia de Santa Fe. La fiscalía encabezó la investigación impartiendo las directrices, disponiendo las medidas necesarias y solicitando las pertinentes al juzgado, en el marco de una extrema reserva.

La pesquisa comenzó en noviembre de 2013, como un desprendimiento de otra causa en trámite en la misma fiscalía que ya cuenta con procesados por narcotráfico. Fueron secuestrados alrededor de 11 kilos de marihuana, 2,3 kilos de cocaína, 100 pastillas de éxtasis y 1677 dosis de LSD, como así también 67 teléfonos celulares, 5 balanzas, tres armas de fuego -calibres 22, 38 y una conocida como “tumbera”- y 75 cartuchos de calibre 9 milímetros.

Cabe destacar el rol llevado a cabo por la fiscal Coordinadora de Distrito, Adriana Saccone, quien gestionó el trabajo entre las fuerzas de la nación y la provincia, ya que se facilitó el accionar al momento de los allanamientos al incorporar a la Gendarmería en consideración del despliegue que ameritaban las medidas. Asimismo, desde la fiscalía destacaron que logró la implementación de tareas de inteligencia “acordes a la ágil dinámica de los investigados”, desarrolladas por primera vez por la fuerza provincial interviniente en organismos con sede en la Capital Federal.

Se estima que una de las personas sindicadas como cabecilla lograba realizar las actividades ilícitas a pesar de tener arresto domiciliario por una causa de competencia provincial, en parte saliendo del lugar donde cumplía la sanción. Por ello, la justicia local impulsó la implementación de las pulseras con “geolocalización”.