El Tribunal Oral Federal N°6 absolvió hoy a la ex interventora de la Empresa Nacional de Comunicaciones (ENTel) María Julia Alsogaray y al abogado Gustavo Albano Abreu por el delito de “peculado” por el que habían llegado acusados al juicio. A su vez, condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos al ex asesor y luego gerente de Contralor y Auditoría de la empresa Ricardo Jaime Fox.

El veredicto fue dado a conocer por los jueces José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Eduardo Fernández minutos después de las 13, y fue en línea con lo que habían solicitado la fiscal Sabrina Namer y la Oficina Anticorrupción (OA). Los magistrados rechazaron los planteos de extinción de la acción penal y de nulidad interpuestos por la defensa de Fox, y además de la condena e inhabilitación, dispuso una multa de 55 mil pesos.

En la causa se investigaron las irregularidades ocurridas durante la privatización de la ex empresa telefónica pública, que terminaron con el traspaso de 241 hectáreas de un terreno que pertenecía a Radio Nacional a la empresa "Telecom", en 1990. El peculado consiste en "sustraer caudales o efectos que estuvieran bajo custodia del funcionario público" y tiene una pena de hasta diez años de prisión.

En su alegato, la Fiscalía consideró que la firma del acta modificatoria del anexo de bienes transferibles de ENTel a las empresas licenciatarias "fue el inicio de un negocio millonario". Según la fiscal, "se sabía que ese terreno no estaba abocado a la prestación del servicio de telefonía".

Namer estableció que durante el debate no pudo comprobarse ningún tipo de participación ni "se pudo acreditar el supuesto delictivo" en los casos de Alsogaray y Abreu. Destacó parte del descargo que realizó la ex funcionaria durante el juicio y mencionó el "principio de desconfianza" que regía al final de las negociaciones. Se conformó una comisión (por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicas) para que controlara lo realizado anteriormente por el equipo de ENTel.

En cuanto a Fox, para la representante del Ministerio Público Fiscal "utilizó la figura de administradora de Alsogaray" para realizar la "actividad delictiva". Además de la pena de prisión e inhabilitación, Namer había solicitado al Tribunal que le fijara una multa de 55 mil pesos, lo que así dispuso. Por su parte, la querella indicó que la maniobra, realizada el 7 de noviembre de 1990 con la firma del acta, concluyó el 6 de septiembre de 1994 con la escritura traslativa de dominio, "por la sola voluntad de Fox y sin que éste tuviera representación para realizarla".

Al tenerse por acreditado el hecho, el fallo podría repercutir en el juicio que el Estado Nacional le inició a Telecom en el fuero civil, comercial y contencioso administrativo por las 241 hectáreas ubicadas en Pacheco y que fueran transferidas irregularmente.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo martes 21 de octubre a las 14, una semana antes de que comience un nuevo juicio contra la ex polifuncionaria menemista por irregularidades en la refacción del edificio de la ex Secretaría de Recursos Naturales.