Después de más de 6 horas, el vicepresidente Amado Boudou terminó ayer con la declaración indagatoria en los Tribunales de Comodoro Py. Luego, el funcionario contestó por más de una hora preguntas del juez Ariel Lijo y del fiscal Jorge Di Lello. Ante una consulta de su defensa, reiteró que no conoce a Alejandro Vandenbroele, su supuesto testaferro, y adelantó que solicitará una ampliación de su indagatoria. Durante la declaración, los abogados del vicepresidente mostraron el expediente de la AFIP para dejar constancia que no tuvo ninguna incidencia en el proceso de levantamiento de quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica. También, le solicitaron a Lijo una serie de medidas de prueba, entre las que se destaca la investigación de "la ruta del dinero", en la que estaría involucrado el empresario Raúl Moneta.

"Tuve nula participación en la decisión de ejecución fiscal ni del pedido de quiebra de Ciccone", expresó Boudou ante Lijo. Explicó que simplemente se remitió al dictamen que había emitido el Departamento Jurídico a la hora de tomar una decisión sobre la firma Ciccone: "las acciones relevantes de la AFIP fueron todas anteriores a mi única intervención".

Luego, realizó un puntilloso recorrido por las diferentes fechas que constan en el trámite de quiebra de la firma ante la AFIP y afirmó: "No hubo una sola participación directa o indirecta de mi persona o incumbencia administrativa en pedidos de quiebra, levantamientos, alquiler de la planta en cuanto a la empresa".

También, señaló al banquero Raúl Moneta como parte de los movimientos financieros dentro de la causa: "Ha movido decenas de millones de dólares en este expediente y sin embargo su accionar jamás mereció la atención". Sostuvo además que esta operación "formó parte de su mecánica habitual de negocios".

Al referirse a Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, puso en duda que estuvieran amenazados y cuestionó su rol de "imputado, testigo, querellante, víctima y nuevamente imputado" en el expediente.

Preguntas de la Fiscalía

Di Lello le pidió al vicepresidente explicaciones sobre por qué, si no conoce a Vandenbroele , en el departamento que alquiló al abogado Fabián Carosso Donatiello, había servicios a nombre del supuesto testaferro. Boudou explicó que es una "práctica habitual de los inquilinos poner las cosas a su nombre", y que seguramente Donatiello había delegado en alguien esa responsbailidad, ya que no residía permanentemente en el país.

El fiscal también le preguntó sobre un supuesto exceso en su opinión con respecto a la recomendación que hizo el Departamento Jurídico en relación a Ciccone y Boudou negó ese exceso. Por último, lo interrogó por las supuestas reuniones que habría mantenido con miembros de la familia Ciccone en el local I Fresh Market de Puerto Madero. El vicepresidente rechazó haber participado de esos encuentros.

Amado Boudou había llegado a los Tribunales de Comodoro Py alrededor de las 11:00 e ingresó a la audiencia junto con sus abogados, Diego Pirota y Eduardo Durañona. Reiteró el pedido de televisación de la audiencia y el juez volvió a rechazarlo. Alrededor de las 13:00, Lijo comenzó con la lectura de los cargos.

Las indagatorias iban a continuar mañana, pero José María Núñez Carmona pidió suspender su declaración ya que está fuera de Buenos Aires. El miércoles a las 11:00, Alejandro Vandenbroele se presentará ante el juez mientras que Rafael Resnick Brenner y Guillermo Reinwick lo harán el jueves 10. El último será Nicolás Tadeo Ciccone, el viernes.

Nulidad del llamado a indagatoria

Por otra parte, el juez Lijo le corrió vista al fiscal Di Lello sobre el pedido de nulidad del llamado a indagatoria que la defensa de Boudou había realizado la semana pasada. El representante del Ministerio Público tiene tres días corridos para dictaminar si considera pertinente o no la anulación de la indagatoria que prestó Boudou.

"Profundizar la investigación de la causa"

Ayer por la tarde (y durante la declaración de Boudou), la Sala I de la Cámara Federal, en el voto mayoritario de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, le ordenó al juez Lijo que profundice la investigación respecto de otras aristas que, hasta el momento, "han permanecido inescrutadas". Específicamente, se refirieron al análisis de la procedencia de los fondos que fueron utilizados para el levantamiento de la quiebra de Ciccone y al estudio de "las capacidades financieras de las personas físicas y jurídicas a ellos vinculadas".

Además, declararon "abstracto" el pedido de nulidad que había realizado la defensa del vicepresidente con respecto a los testimonios que Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick habían prestado en la causa. Ballestero y Freiler consideraron que la defensa "fracasa a la hora de demostrar" como las afirmaciones de Ciccone inciden en los actos y de que modo hubiese variado el proceso de haberlas obtenido bajo una indagatoria "tal cual venían reclamando".

El voto del juez Eduardo Farah fue más allá y considera probada la existencia de maniobras "presuntamente constitutivas de delitos de acción pública" que se llevaron a cabo una vez decretada la quiebra de Ciccone, "con el objeto de lograr el levantamiento de la misma". Además solicita el llamado a declaración indagatoria para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el empresario Raúl Moneta; otro de los yernos de Ciccone, Pablo Amato; el vicepresidente de "Compañía de Valores Sudamericana", Máximo Eduardo Lanusse; el abogado Jorge Capirone; el socio de "The Old Fund" Sergio Gustavo Martínez y a los responsables de Cooperativa Marítima de Crédito Limitada y de London Supply S.A.

Farah coincidió,en parte, con lo solicitado por el fiscal Di Lello en febrero pasado y considera que no pueden pasar inadvertidas las cuentas de The Old Found S.A. abiertas en el Banco Macro ni la caja de seguridad que poseía en esa institución Vanderbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou, como presidente de la sociedad. Establece, además, que Echegaray debe ser llamado a indagatoria para dilucidar si fue partícipe o no de la maniobra junto al Ministro de Economía Boudou, "ya sea por no haberla impedido, o bien por no haber denunciado".

La causa

Según describió el juez Lijo en su llamado a indagatoria, el vicepresidente junto a Nuñez Carmona, habrían adquirido Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele. Para el magistrado, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público, y junto a Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone
Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma
pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública.

En ese sentido, Boudou habría presenciado las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner (jefe de asesores de la AFIP) habrían intervenido en el trámite de un plan de pagos ilegal en el ente público. Asimismo, y a través de personas interpuestas, habrían intermediado en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra.