El fiscal federal Jorge Di Lello requirió este mediodía la indagatoria del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Etchegaray, y de su jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, por considerar que realizaron negociaciones incompatibles con la función pública en la quiebra y posterior adquisición de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica SA) por parte de la empresa The Old Fund.

Además, el fiscal requirió las indagatorias de los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, José Maria Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Jorge Enrique Capirone, Maximo Eduardo Lanusse, Sergio Gustavo Martinez, a quienes consideró "partícipes en diferente grado de la maniobra".

En su escrito de trece páginas, el fiscal indicó que el objeto de la causa es "esclarecer la actividad que habrían desarrollado Alejandro Paul Vanderbroele y Sergio Gustavo Martínez, quienes en su carácter de miembros del directorio de The Old Fund, habrían adquirido la empresa Ciccone Calcográfica SA (luego Compañía de Valores Sudamericana) declarada en quiebra, con fondos cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación".

La adquisición habría tenido la intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal. En este contexto, al vicepresidente de la Nación se lo investiga por el "supuesto de negociaciones incompatibles" con la función pública, "por cuanto se habría interesado en la operación comercial referida, junto a su socio comercial José María Núñez Carmona".

El fiscal describió que para materializar la adquisión los imputados habrían sido contactados por Reinwick -que, por las pruebas, conformó el directorio de The Old Fund- quien, "habría obtenido el capital que finalmente fuera aportado para el rescate de la empresa de su suegro, Nicolás Tadeo Ciccone".

El representante del Ministerio Público recordó que Reinwich negó toda vinculación con la empresa en ocasión de brindar declaración testimonial en la causa, y que luego documentos presentados por Vanderbroele "lo vinculan a la transferencia de fondos de la empresa".

Por esa razón, el fiscal solicitó que Reinwick sea relevado del juramento de decir verdad que prestó oportunamente en la causa cuando declaró como testigo y que ahora se lo indague y se realice un peritaje sobre su firma para "determinar su participación en la confección de la documentación que obra en la causa".

Por otro lado, respecto de las responsabilidades de Nicolás Tadeo Ciccone y Pablo Jorge Amato, el fiscal señaló que "habrían mantenido varias reuniones con el resto de los imputados a fin de delinear la forma en que se procedería a conformar a los acreedores de la quiebra y la nueva estructura corporativa que tendría la empresa", que luego se convirtió en Compañía de Valores Sudamericana SA, con la designación como integrantes del directorio de Máximo Eduardo Lanusse y Nicolás Tadeo Ciccone, y, a partir de octubre de 2011, tuvo como presidente a Vanderbroele, vicepresidente a Jorge Enrique Capirone y director a Amato.

Di Lello agregó que "el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía la empresa, se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, principal acreedora". El fiscal fundó esas sospechas en que en un expediente de la AFIP "se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo dos meses antes había solicitado la quiebra de la misma".

Asimismo, evaluó que "se ha logrado determinar que, paralelamente a las vicisitudes del expediente concursal, se realizaban diferentes reuniones entre Héctor Ciccone, Guillermo Reinwick, Pablo Amato, José Maria Nuñez Carmona, Alejandro Vanderbroele y Amado Boudou, en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país".

"La existencia de una relación de amistad o de simple conocimiento mutuo entre Amado Boudou y Alejandro P. Vanderbroele, no es el único elemento determinante en esta investigación que demostraría que el funcionario público se interesó en el trámite del levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone", indicó el fiscal. Y agregó que las declaraciones testimoniales y otros elementos de prueba recogidos en la investigación "dan cuenta claramente del vínculo entre los imputados, por lo tanto resulta un indicio más, que aporta un sentido real a la dirección de conducta adoptada por el entonces Ministro de Economía".

El fiscal encuadró la conducta que se le reprocha a los funcionarios públicos en el artículo 265 del Código Penal. Ese artículo dispone que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Di Lello indicó que el resto de los imputados resultan "partícipes en diferente grado de la maniobra".

Antes del pedido de indagatorias, la presentación de Di Lello incluyó la solicitud de recepción de declaraciones testimoniales al presidente del Banco Macro, Jorge Brito, al presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda, Cirio Zavalía, al secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Maccarrone, al tesorero Mario Héctor Pelavski, a los vocales del consejo de administración Daniel Piasek y Patricia De Souza y a la síndica Cecilia Guyot.

El motivo del pedido de sus declaraciones, indicó el fiscal, es "ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund SA aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos", dado que "se determinó que durante los años 2011 y 2012 la Cooperativa firmó préstamos con garantías de mutuos a favor del asociado TOF (The Old Fund) SA, haciendo efectiva la entrega de dinero en distintas oportunidades".

En el comienzo de su pedido, Di Lello indicó que "habida cuenta del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, no resulta razonable que el ordenamiento jurídico facilite que un funcionario público, de la jerarquía del Vicepresidente de la Nación, esté sujeto a investigación penal de manera eterna e indefinida ya que se encuentra comprometido el mandato constitucional acordado oportunamente por el pueblo de la Nación".

"Con la responsabilidad de fortalecer el sistema republicano democrático, con más de 30 años de vigencia en la Nación, se torna imprescindible establecer la situación jurídica, sujeta a una gran actividad mediática, de quien ya en varias oportunidades, se ha desempeñado como Presidente de la Nación, brindándole de esta manera la posibilidad de un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal", consideró el fiscal.