El fiscal Jorge Di Lello reiteró hoy al juez federal Ariel Lijo el pedido de indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y una serie de medidas tendientes a determinar "la ruta del dinero que financió la operatoria del levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica S.A". En el escrito, hizo hincapié en que se debe "agotar la recolección de elementos que permitan poner fin a esta etapa de instrucción en función de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable".

Además, el representante del Ministerio Público reiteró el pedido de indagatoria al yerno de Nicolás Ciccone y director de la empresa Compañía de Valores Sudamericana S.A., Pablo Jorge Amato; al abogado y contador Jorge Enrique Capirone; al vicepresidente de Compañía de Valores Sudamericana", Maximo Eduardo Lanusse, y al socio en "The Old Fund" Sergio Gustavo Martinez.

El fiscal ya había realizado en febrero una presentación ante Lijo, donde había requerido la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou; de los ex dueños de la imprenta Guillermo David Reinwick y Nicolás Tadeo Ciccone; de José Maria Nuñez Carmona; de Alejandro Vandenbroele y del jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner. A todos, los había considerado parte de la maniobra de quiebra y posterior adquisición de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica S.A.) por parte de la empresa The Old Fund.

Casa de la Moneda

En el escrito de hoy, Di Lello también pidió que se cite a indagatoria a la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Soledad Daura; al ex gerente de Compras y Contrataciones del ente Juan Luis Biasin y a la ex jefa del área de importaciones Analia Istueta. Previo a estas indagatorias, solicitó que Ariel Rebello amplie su declaración testimonial y que el ex gerente de Administración y Finanzas de la Casa de la Moneda Daniel Menzazzi sea requerido como testigo.

Para el representante del Ministerio Público, se "reunió prueba suficiente" para afirmar (por lo menos "con el grado de certeza" que precisa esta etapa) que determinadas personas de la Casa de la Moneda intervinieron en la maniobra de caída de licitación que tenía por objetivo la renovación de máquinas. Luego de esto, se autorizó una contratación directa sin tener en cuenta "el régimen legal de contrataciones públicas". Todo esto fue en el marco de un proceso de "modernización" de la maquinaria.

Según el documento, estos hechos no deben "descontextualizarse" de las acciones adoptadas por Amado Boudou y Guido Forcieri, ya que se encontraría acreditado que Boudou habría tenido conocimiento del proyecto licitatorio y de la inversión que implicaría llevar a cabo la modernización de la Casa de la Moneda.

Testimoniales

Di Lello también solicito nuevamente que se tome declaración testimonial al ex presidente del Banco Macro entre 2010 y 2012, al presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda, Cirio Zavalía; al secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Maccarrone; a los vocales del consejo de administración Daniel Piasek y Patricia De Souza, y a la síndica Cecilia Guyot.

El fiscal explicó en el documento que aquellos testigos deberán manifestar lo que conozcan respecto al modo en que la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada se financia, "concretamente sobre los préstamos otorgados por el Banco Macro durante los años 2011 y 2012".

Por último, "a fin de profundizar la investigación", solicitó las testimoniales del empresario Raúl Moneta; del apoderado de Mayer Business Corp Alfredo Federico Petrachi; del presidente y tesorero de la Cooperativa de Crédito de Valencia Limitada del Presidente y tesorero de la empresa de Pircas de Tupungato SA y de los presidentes de los bancos BST, Industrial SA, Mariva SA y Finansur SA.

La causa

Según describió el juez Lijo en su llamado a indagatoria, el vicepresidente junto a Nuñez Carmona, habrían adquirido Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele. Para el magistrado, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público, y junto a Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone
Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma
pudiera volver a operar y contratar con la administración pública.

En ese sentido, Boudou habría presenciado las reuniones para la adquisición y, junto a Resnick Brenner (jefe de asesores de la AFIP) habrían intervenido en el trámite de un plan de pagos ilegal en el ente público. Asimismo, y a través de personas interpuestas, habrían intermediado en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra.