Juan Maisú y Marcelo Albarracín fueron los últimos policías bonaerenses en la lista de testigos que declararon acerca de las presiones recibidas para inculpar a colegas de la fuerza, en lo que se conoció  como la “conexión local” del atentado a la AMIA, en el marco del juicio por el encubrimiento y la desviación de la investigación. En la audiencia de ayer, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales ad hoc Miguel Yivoff y Fernando Comparato, integrantes de la Unidad Fiscal AMIA que encabezan Roberto Salum, Sabrina Namer y Leonardo Filippini. Para la semana que viene está previsto que declaren Adriana Reisfeld y Diana Wassner, de Memoria Activa.

El  primero en declarar fue Juan Maisú. Denunció que sufrió presiones del entonces comisario Luis Vicat, enviado por el entonces juez federal Juan José Galeano para que declare en contra del entonces comisario Juan José Ribelli. Como no lo hizo, advirtió que sufrió consecuencias que afectaron su carrera. Por su parte, la declaración de Albarracín fue corta y rápida. El testigo estuvo preso durante más de seis años y remarcó que, aunque no sufrió presiones, Galeano le confesó que “con usted nos equivocamos”.

Durante las cuatro audiencias anteriores también declararon otros integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que fueron coincidentes en cuanto al rol de Juan José Galeano para obligarlos a  imputar a otros miembros de la fuerza en lo que se conoció como “conexión local”. Por ese motivo, ahora son representados por Juan José Ribelli para intervenir como querellantes en el juicio.

Por ejemplo, Jorge Rago  señaló el 11 de febrero que en una reunión informal fue presionado por Galeano para que declare en contra de su hoy abogado: “20 días después” de ese encuentro  fue detenido. Para esa fecha se desempeñaba como jefe de Operaciones de la Brigada de San Isidro. Esa misma jornada, el testigo Diego Barreda se mostró sorprendido de haber sido reclutado por la SIDE para colaborar en la investigación del atentado, hecho que finalmente le terminarían imputando a él mismo. Por ese motivo también fue detenido e interrogado por el entonces juez con la presencia, alternada, de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Al respecto, manifestó que mucho de lo que debió firmar en esa declaración no lo había dicho.

Una semana después brindaron su testimonio Oscar Bacigalupo y Argentino Lasala. El primero refirió cómo se lo vinculó a la investigación del atentado a partir de un expediente administrativo a raíz de su desempeño en la Brigada de Lanús, y que se enteró de la imputación al momento de ser indagado. Sobre ese acto refirió que funcionarios del juzgado federal suprimieron parte de su narración porque eso le convenía “a su madre y ex esposa”.  Su colega Lasala, que se desempeñó en la Brigada de Vicente López, contó que se presentó espontáneamente a declarar y que allí el luego destituido magistrado le habría dicho que “de Ribelli para abajo no se salva nadie”.

El jueves 25 de febrero, Bautista Huici procuró explicar en varias oportunidades las presiones que recibió de parte de su entonces abogado Federico Domínguez y Galeano, para que declarara en contra de Leal y Ribelli. La idea, narró, era “involucrarlos con la Traffic blanca”.

Por su parte, ya el 3 de marzo Marcelo Valenga aseveró que “la cadena de responsabilidades fue el gobierno de turno [en referencia al entonces presidente y acusado Carlos Menem], Galeano y Vicat”. Luis Vicat era el comisario de esa fuerza que estuvo cargo de la investigación del atentado. Su par César Gatto coincidió en que mantuvieron una reunión con Vicat, en la que aquél les habría dicho: “Ribelli no existe más. Es una guerra entre Duhalde y Menem”.

Para la semana que viene está previsto que en el debate oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°2 declaren Adriana Reisfeld y Diana Wassner, de Memoria Activa, y luego comenzaría un bloque de 22 testigos que contará con más familiares de las víctimas del atentado, entre otros.