La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Ana Yacobucci, apeló la resolución de la jueza Yamile Bernán que dispuso la excarcelación del oficial inspector acusado de causarle la muerte a Jorge Martín Gómez, cuando le pegó una patada en el pecho para desarmarlo y el hombre cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el pavimento.

El hecho

De acuerdo a lo informado, el lunes pasado, alrededor de las 7.30 de la mañana, una pasajera de la línea 57 de colectivos llamó al 911 para advertir la presencia de un hombre, en el cruce de las calles Carlos Calvo y Saavedra, que estaría "alcoholizado o drogado", tendría un arma blanca y se ponía en medio de la calle sin dejar pasar el tránsito.

Un oficial de la Comisaría 3B de la Policía de la Ciudad que patrullaba la zona intentó reducir al hombre, pero debió pedir refuerzos. Así llegó el imputado en una moto, junto a otro oficial también motorizado, y allí se provocó el hecho investigado.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y el oficial quedó detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8.

Excarcelación y apelación

La defensa del imputado solicitó la libertad de su asistido anteayer a última hora, bajo el argumento de que el hombre se encontraba detenido acusado de “homicidio preterintencional” -artículo 81, inciso “b” del Código Penal de la Nación-, que prevé una pena de entre uno y tres años de prisión y de entre tres y seis años de reclusión, y por lo tanto resultaba excarcelable.

Por su parte, en su dictamen la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Ana Yacobucci, se opuso a la excarcelación por entender que la resolución era prematura en esta instancia de la investigación y porque el imputado, al ser policía, podía entorpecer la investigación.

Sin embargo, ayer por la tarde la jueza dispuso la liberación del hombre bajo caución juratoria al considerar que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la pesquisa.

Ahora, la fiscalía apeló dicha resolución y será la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional la que resuelva la cuestión.