La fiscal federal Sylvia Little, a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, pidió ayer el procesamiento de tres personas de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por haber usurpado tierras de Parques Nacionales de Villa Mascardi en noviembre de 2017.

El pedido se efectuó a partir de la negativa por parte de los miembros de esa comunidad de participar de una instancia de diálogo para llegar a una solución alternativa al proceso penal, que había sido solicitado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por recomendación del fiscal general Javier De Luca.

En ese sentido, Little solicitó el procesamiento de los tres acusados y señaló que fueron parte del grupo que se enfrentó a la Prefectura Naval Argentina para lograr la ocupación ilícita del predio.

El proceso judicial

Por este episodio dos de los imputados ya habían sido procesados en primera instancia el 11 de diciembre del 2018, mientras que el tercero recibió la misma decisión el 5 de abril del 2019. Tales procesamientos fueron apelados por sus defensores, de modo tal que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca se expidió en relación con la situación de los primeros dos un año más tarde, en la que revocó aquélla decisión y dispuso el sobreseimiento de ambos imputados. En cuanto al tercer acusado, solo revocaron su procesamiento.

Sin embargo, la resolución fue objetada por la fiscalía general, por lo que intervino la Cámara Federal de Casación Penal, cuya Sala I resolvió el 29 de diciembre de 2020 anular aquélla decisión y ordenar el reenvío para que se adopte una nueva resolución. En ese sentido, el fiscal General ante dicha Cámara, Javier De Luca, mantuvo el recurso del fiscal general Sabas Herrera contra la desvinculación de los imputados y a favor de sus procesamientos y recomendó posibles vías de soluciones no punitivas del caso, que fueron atendidas por los jueces.

En ese sentido, la fiscal Little realizó distintos encuentros como forma de buscar una solución alternativa al proceso penal y con el objetivo de abordar la problemática en términos unificadores “tratándolo como lo que es, un solo conflicto que afecta a diversos lotes y, en consecuencia, a distintas personas u organismos pero que jamás podrá ser resuelto llevando adelante distintas vías alternativas de solución en cada causa”.

Así es como la representante del Ministerio Público no sólo citó a las partes sino también a las personas involucradas en la causa federal en donde se investigan a siete personas de la misma comunidad por la usurpación de otros lotes del mismo predio y las actuantes de otra causa que transita en la justicia provincial, sobre la usurpación de la propiedad de María Magdalena Giménez de Tournier y del lote del Obispado de San Isidro.

Finalmente, las reuniones no prosperaron ya que las defensas de los imputados entendieron que era mejor continuar adelante con los diversos procesos, por lo que la fiscal decidió dar por finalizado el camino alternativo y solicitar los procesamientos para continuar con el proceso penal.

Las pruebas

En su dictamen, la fiscal indicó que los tres acusados formaron parte del grupo que el 25 de noviembre del 2017 bajó desde la montaña hasta la Ruta Nacional 40, para enfrentar y expulsar a los miembros de la fuerza de seguridad que custodiaban el predio, con el fin de ocupar el terreno de forma ilícita.

En esa línea, demostró que se podía acreditar a través de conversaciones telefónicas que los acusados estuvieron presentes y que permanecieron ocultos en las zonas altas de la montaña. En esos audios, uno de los acusados manifiesta estar “arriba” y que un integrante de la comunidad recibió un “plomaso”, en referencia al homicidio de Rafael Nahuel, hecho que se investiga en otro expediente en el que hay cinco albatros de Prefectura procesados.

A su vez, explicó que la presencia de las tres personas quedó de manifiesto ya que dos de ellos fueron heridos de bala por parte de los efectivos de Prefectura Naval y sus lesiones fueron certificadas por un médico que ingresó al predio para constatar la presencia de heridos.

Ante esas pruebas, Little manifestó que no dejaba ningún lugar a duda de que “al menos ellos tres formaban parte de ese grupo que se enfrentó a los Albatros”. Por ese motivo, y como ya existe en otra causa una sentencia firme hacia Fausto Jones Huala, otro de los participantes que estuvo episodio y que reconoció haber atentado contra la autoridad de los efectivos junto a otras personas, la fiscal solicitó los procesamiento.