Hoy se reanudaron las audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py del juicio al ex presidente de la Casa de la Moneda durante los diez años de gobierno de Carlos Menem, Armando Gostanián, a quien se acusa del pago de sobreprecios a la empresa "Atlantic Zeiser" en la compra de equipos y repuestos de máquinas numeradoras de billetes. Una testigo afirmó que la firma había puesto la condición de no trabajar con la sociedad del Estado porque ya tenía otro agente intermediario en el país, en referencia a Moligraf y Acremo S.A, cuyo presidente Jorge Molina también es juzgado.
La testigo, que para entonces trabajaba como representante de la empresa con otros clientes, aseguró además que “los precios siempre los pone AZ”. “Hasta 2002 o 2003, Casa de la Moneda operaba directamente a través de Moligraf y Acremo” con la filial alemana, agregó. Cabe recordar que esta causa se inició en octubre de 2005, en base a los testimonios extraídos de un exhorto proveniente de la fiscalía de Sttutgart, Alemania. En el documento, se detallaba una investigación penal seguida contra el principal ejecutivo de la empresa, Karl Georg Schillinger, en base a la entrada en vigencia de una ley contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el marco de operaciones comerciales internacionales.
Según la acusación, entre 1994 y 1999 la Casa de la Moneda contrató a Atlantic Zeiser y le encargó varios equipos. Estas contrataciones tenían la particularidad de que al valor de venta de los productos se les agregaba entre un 40 y un 50 por ciento más de precio. Ese “extra” era estipulado por los funcionarios argentinos, que lo negociaban con Schillinger a través de Molina. Ambos iban alternadamente a la Casa de la Moneda para acordar montos, formas y lugares de pago.
Ante las consultas del fiscal general Diego Luciani, la testigo explicó que las comisiones deben ser enviadas a la empresa. Por el contrario, en la causa consta que Gostanián poseía una cuenta en un banco suizo con extensión a su mujer y su hijo. En el exhorto se explicaba, además, que Molina debía derivar una parte de las comisiones que percibía a los otros dos acusados: Juan Carlos Kalfaian y Rubén Chorbadjian, ambos ex funcionarios de la Casa de la Moneda.
En la audiencia celebrada hoy, también declararon como testigos dos abogados que, como representantes de la Sindicatura General de la Nación, integraron la comisión fiscalizadora que participó de las reuniones de directorio.