A comienzos de julio, el juicio contra el ex titular de la Casa de la Moneda durante el gobierno e Carlos Menem, Armando Gostanián, por el presunto pago de sobreprecios que retornaban en forma de comisiones por la compra de equipos quedó en condiciones de tener sentencia: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 dispuso que el viernes 14 de agosto los acusados tengan la posibilidad de decir las últimas palabras, para luego dar a conocer el veredicto ese mismo día.

Durante la última audiencia, se le corrió vista al fiscal general Diego Luciani para la contestación de una serie de planteos de nulidad y prescripción formulados por las defensas de los acusados en sus alegatos, entre los que se encuentran, además de Gostanián, el entonces vicepresidente de la sociedad del Estado, Juan Carlos Kalfaián; el director Rubén Chorbadjián, y el agente comercial Jorge Molina. El representante del Ministerio Público rechazó todos los planteos, entre los que se contaba uno dirigido contra un peritaje oficial. En cuanto a la prescripción, los abogados defensores sostuvieron que la calificación legal debería ser la de cohecho -con penas de hasta seis años de prisión-, por lo que ya habría prescripto para cuando se tomaron las indagatorias, en 2009.

Sin embargo, Luciani reiteró que la calificación legal pertinente es la de peculado. la figura prevista en el artículo 261 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” y que fue confirmada en diversas instancias judiciales. Por ese motivo, la causa no estaba prescripta desde la comisión del último hecho juzgado -en el año 2000-, hasta la recepción de las indagatorias. Durante su alegato, el fiscal general había solicitado las máxima pena para Gostanián, cinco años para Kalfaián y Chorbadjián, y cuatro para Molina.

El origen del caso y las maniobras

En su exposición, Luciani señaló que cada imputado desde su rol -Gostanián, Kalfaián y Chorbadjián como coautores y Molina como partícipe primario-, a través de negociaciones previas a las compras realizadas por la Casa de la Moneda a la empresa alemana Atlantic Zeiser (AZ), definieron precios entre un 40 y 50 por ciento mayores, que retornarían a ellos. Para ello, se valieron de seis procedimientos administrativos de aparente normalidad, que eran aprobados por un Directorio que ellos mismos conformaban. En ese sentido, solicitó que la suma en cuestión -que superaría el millón de dólares-, sea reintegrada al Estado.

La investigación se inició en octubre de 2005, en base a los testimonios extraídos de un exhorto proveniente de la fiscalía de Sttutgart, Alemania. En el documento, se detallaba una investigación penal seguida contra el principal ejecutivo de AZ, Karl Georg Schillinger, por el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el marco de operaciones comerciales internacionales. Al inicio de la década del ’90, AZ proporcionaba sus productos a la Casa de la Moneda argentina. En el marco de esas transacciones, se realizaron pagos a Molina, quien comunicó, en 1998, la modificación del lugar de los depósitos: de un banco en Uruguay a una cuenta en Suiza. En el expediente, consta una nota de octubre de ese año donde se remitía a una reunión entre Molina y un “Mister X” en la Casa de la Moneda. Allí, se explicaban los problemas que se habrían producido durante las transferencias.

Fue el Swiss Bank Corporation el que informó a la fiscalía de Sttugart que el titular de la cuenta era Armando Gostanián y que tenía una extensión a su mujer y su hijo. Al respecto, Luciani agregó en su alegato que el empresario devenido funcionario derivaba el dinero -“millonarias y obscenas sumas” de marcos alemanes- a otras cuentas del mismo banco.

En el exhorto se explicaba, también, que durante una conversación telefónica, Molina habría comunicado que además de los pagos a “Mister X”, él debía derivar una parte de las comisiones que percibía a Kalfaián y Chorbadjián, “hombres de extrema confianza” del titular de la sociedad del estado, según calificó el fiscal general.