26 de septiembre de 2020
26 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El juicio se realiza ante el Tribunal Oral Federal N°4
Casa de la Moneda: pidieron que Armando Gostanián sea condenado a seis años de prisión por el pago de sobreprecios
Lo requirió en su alegato el fiscal general Diego Luciani, quien también solicitó la devolución de más de un millón de dólares y penas para otros dos funcionarios y el agente intermediario de la firma alemana a la que se le adquirían los productos. El representante del Ministerio Público aseveró que se trató de “un grave hecho de corrupción”.

El fiscal general Diego Luciani solicitó hoy que el presidente de la Casa de la Moneda entre 1989 y 1999, Armando Gostanián, sea condenado a seis años de prisión al encontrarlo coautor del pago de sobreprecios de más de un millón de dólares en la compra de maquinarias y repuestos a una empresa alemana. Además, pidió cinco años de pena para los entonces vicepresidente y director de la institución, Juan Carlos Kalfaián y Rubén Chorbadjián, respectivamente, cuatro para el agente comercial Jorge Molina y el reintegro del dinero a las arcas del Estado.

Las condenas requeridas por el representante del Ministerio Público Fiscal al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 se produjeron en el marco de su alegato, que comenzó a las 11:00 y culminó pasadas las 14:00. La calificación legal del delito imputado es peculado -previsto en el artículo 261 del Código Penal-, que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

Durante su exposición, Luciani aseveró que se trató “de un grave acto de corrupción”. En ese sentido, señaló que cada imputado desde su rol -Gostanián, Kalfaián y Chorbadjián como coautores y Molina como partícipe primario- a través de negociaciones previas a las compras efectivamente realizadas por la Casa de la Moneda definieron precios entre un 40 y 50 por ciento mayores, que retornarían a ellos. Para ello, se valieron de seis procedimientos administrativos de aparente normalidad, que eran aprobados por un Directorio que ellos mismos conformaban.

El exhorto

La causa se inició en octubre de 2005, en base a los testimonios extraídos de un exhorto proveniente de la fiscalía de Sttutgart, Alemania. En el documento, se detallaba una investigación penal seguida contra el principal ejecutivo de la empresa Atlantic Zeiser (AZ), Karl Georg Schillinger, en base a la entrada en vigencia de una ley contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el marco de operaciones comerciales internacionales.

Al inicio de la década del ’90, AZ proporcionaba sus productos a la Casa de la Moneda argentina. En el marco de esas transacciones, se realizaron pagos a Molina, quien fue quién comunicó, en 1998, la modificación del lugar de los depósitos: de un banco en Uruguay a una cuenta en Suiza. En el expediente, consta una nota de octubre de ese año donde se remitía a una reunión entre Molina y un “Mister X” en la Casa de la Moneda. Allí, se explican los problemas que se habrían producido durante las transferencias.

Fue el Swiss Bank Corporation el que informó a la fiscalía de Sttugart que el titular de la cuenta era Armando Gostanián y que tenía una extensión a su mujer y su hijo; al respecto, Luciani agregó en su alegato que Gostanián derivaba el dinero -“millonarias y obscenas sumas” de marcos alemanes- a otras cuentas del mismo banco.

En el exhorto se explicaba, también, que durante una conversación telefónica, Molina habría comunicado que además de los pagos a “Mister X”, él debía derivar una parte de las comisiones que percibía a Kalfaián y Chorbadjián, “hombres de extrema confianza” del titular de la sociedad del estado, según calificó el fiscal general.

La maniobra

De acuerdo a la acusación, entre 1994 y 1999 la Casa de la Moneda le encargó varios equipos, entre ellos una impresora “ink jet” que nunca fue puesta en funciones y repuestos. Estas “contrataciones” tenían la particularidad de que al valor de venta de los productos se les agregaba entre un 40 y un 50 por ciento más de precio. Ese “extra” era estipulado por los funcionarios argentinos, que lo negociaban con el titular de la empresa alemana (Schillinger) a través de Molina, presidente de las empresas Moligraf y Acremo S.A y representante comercial de AZ. Ambos iban alternadamente a la Casa de la Moneda para acordar montos, formas y lugares de pago. Ese 40 o 50 por ciento adicional era retornado por la firma alemana a Gostanián y a Molina, quién debía a su vez darle un porcentaje a Kalfaián y a Chorbadjián.

Según la normativa de la Casa de la Moneda, las operaciones con montos superiores a 35 mil pesos -como lo fueron las operaciones con AZ analizadas en el caso- debían ser aprobadas por el Directorio. Ese órgano estaba conformado por el presidente, el vicepresidente y el director, es decir, Gostanián, Kalfaián y Chorbadjián. De acuerdo a la acusación, a través de expedientes formales, justificaban las erogaciones de caudales públicos con el fin de adquirir productos con precios inflados. Esa irregularidad no se podía detectar porque, según quisieron dar a entender las defensas en el juicio, AZ era la única que fabricaba este tipo de bienes.

Mister X

Luciani ponderó la declaración testimonial de una mujer que se desempeñó como secretaria privada de Molina, quien a través de la empresa Moligraf/Acremo actuaba como intermediario y representaba a la empresa germana sólo en relación a los negocios mantenidos con la dependencia del Ministerio de Economía. Luciani recordó que en aquella audiencia, ante la pregunta sobre si sabía que el precio final de las contrataciones incluía algún tipo de comisión, la testigo afirmó categóricamente que sí, como así también que “se hacía el retorno a los funcionarios”. Por ese motivo, consideró que la mujer “tuvo una gran valentía”, a pesar de que “Molina intentó torcer el rumbo de su declaración”. “Tuvo una precisión pocas veces vista”, detalló. En aquella ocasión, la testigo también relató que estaba al tanto de lo que ocurría a través del propio Molina, quien le solicitaba que oficie de traductora con el principal ejecutivo de AZ, Karl Georg Schillinger, para informarle los porcentajes acordados.

Por otra parte, recordó un “Mister X” de la Casa de la Moneda con quien Molina se habría reunido, que según estimó, podría ser una persona o varias, “como una entidad”. La explicación que le dieron sobre por qué se eligió ese término, fue que “la X en toda ecuación matemática es una incógnita”. “Mister X eran todos los funcionarios. Era una representación adonde se hacía el retorno, porque no podían nombrarlos”, concluyó el titular de la Fiscalía General N°1.

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°4 -integrado por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Néstor Costabel- continuará el viernes próximo, jornada en la que comenzarán a alegar las defensas.