26 de noviembre de 2021
26 de noviembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Con el impulso de los fiscales Carlos Ammad, Patricio Sabadini, Diego Jesús Vigay y Federico Carniel
Chaco: investigarán dos masacres a pueblos originarios de 1924 y 1933
Una pesquisa preliminar indagará sobre las masacres de Napalpi y El Zapallar, que tuvieron como víctimas a miembros de las etnias mocoví y toba, y a campesinos criollos, durante sangrientas represiones de la policía del entonces territorio nacional. Podría tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Los fiscales federales de Chaco Carlos Ammad, Patricio Sabadini, Diego Jesús Vigay y Federico Carniel iniciaron una investigación preliminar para investigar las masacres de Napalpí y de El Zapallar, que tuvieron como víctimas a integrantes de comunidades originarias, hacheros y campesinos en 1924 y 1933, respectivamente. La pesquisa presume que aquellos hechos "podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado nacional tendría la obligación ineludible de juzgarlos en función de los compromisos ante la comunidad internacional", indicaron los representantes del Ministerio Público en un comunicado.

Dado que se trata de una investigación preliminar -es decir, un trámite aún no judicializado, pero previsto en la ley de MPF para que los fiscales puedan iniciar investigaciones frente a la sospecha de un delito-, el procedimiento podría derivar en una denuncia penal o, por las características de los casos, en el requerimiento de apertura de un juicio por la verdad, indicó la Fiscalía en el auto de apertura del proceso. Esta última posibilidad se impulsará "en caso de no existir imputados por los hechos que estén con vida", explicó el Vigay.

Los juicios por la verdad son instancias judiciales sui géneris que tuvieron su génesis en la Argentina de fines de los '90 en diferentes jurisdicciones, cuando se abrieron las investigaciones para determinar el destino de los desaparecidos durante la última dictadura e individualizar a los responsables, pero sin la finalidad de sancionarlos, dado que estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Este tipo de procesos fue validado a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que frente a la demanda de la madre de una víctima por el milenario derecho al duelo y a la verdad, acordó en aquél contexto con el Estado Argentino la apertura de procesos con esas características.

La investigación encabezada por el Ministerio Público de la jurisdicción de Resistencia tendrá el objetivo de reconstruir lo sucedido en ambas masacres a pesar del paso de los años. Los fiscales invitarán a realizar sus aportes a todos aquellos que han venido realizando indagaciones, documentales, libros y entrevistas. Además, recogerán archivos históricos, de los reportes periodísticos de diarios de la región, de testimonios de sobrevivientes y de descendientes de sobrevivientes, del expediente provincial que se llevó adelante en la época, de una demanda civil que actualmente tramita ante el Juzgado Federal de Resistencia y de todo otro medio de prueba que pueda producirse.

La denominada masacre de Nalpalpi sucedió el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o poder salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la Fiscalía, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpi. Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos eran tobas y mocovíes. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.

La historiadora Mercedes Silva, en el libro "Memorias del Gran Chaco", reveló que los asesinos exhibieron como trofeo los testítulos y una oreja del mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga.

Nueve años después, el 9 de septiembre de 1933, la policía perpetró la denominada Masacre de El Zapallar -hoy General San Martín-, cuando unos 70 habitantes de las etnias toba y mocoví fueron acribilliados durante la petición de alimentos y ropa en el contexto de una hambruna generalizada.

En la apertura de la investigación, los fiscales puntualizaron: "Entendemos como necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades y saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución. También así para demostrar el carácter sistemático y señalar a quiénes han favorecido y quiénes se han beneficiado de estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas".

El inicio de la investigación por parte de los fiscales ocurre pocos días después de que la Cámara de Diputados del Chaco diera sanción a la Ley 7403, que instituyó el 9 de septiembre como Día de Duelo Provincial en conmemoración a la masacre del Zapallar ocurrida en 1933. El cuerpo legislativo provincia también sancionó la ley 7405 de pedido de perdón del Estado provincial al pueblo Moqoit por la Masacre de Napalpí. Esa norma otorga a una pensión vitalicia a Pedro Valquinta, el único sobreviviente con vida de las dos masacres, que tiene entre 105 y 107 años de edad.

Valquinta fue individualizado recientemente en el paraje Las Tolderías por la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina durante un trabajo de investigación que realizaban miembros de esa organización sobre la masacre de El Zapallar.