El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°11, Gerardo Pollicita, impulsó la acción penal en la causa que tiene como imputados a los empresarios Hugo Jinkis, su hijo Mariano, y a Alejandro Burzaco, y pidió que se los investigue por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción vinculados a la comercialización de los derechos económicos de los partidos de la Selección Argentina de fútbol.
El 24 de julio pasado, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había denunciado penalmente a los empresarios por los delitos de defraudación pública y lavado de activos. Al contestar la vista conferida y con el objetivo de impulsar la investigación, Pollicita propuso una batería de medidas de prueba, entre las que se encuentran pedidos de informes a distintas dependencias públicas y organismos de control.
Los hechos
La acusación contra los empresarios tiene como trasfondo el escándalo suscitado en junio pasado a partir de una denuncia por corrupción en la justicia de Estados Unidos contra los principales directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), y la Conmebol. En ese escenario, la Procelac denunció a los Jinkis -titulares de la empresa Full Play International Televisión S.A.- y a Burzaco –responsable de Torneos y Competencia- de adquirir mediante millonarios sobornos los derechos económicos exclusivos para comercializar la televisación, el marketing y la publicidad de las competencias donde participó el Seleccionado Nacional de fútbol.
Luego, como existe un mandato legal para que todos los partidos de la Selección se transmitan en vivo a todo el territorio nacional, el Estado nacional se veía obligado a negociar con esas empresas los contratos de transmisión, ya que detentaban la exclusividad. Así las cosas, el pago de sobornos habría colocado a los empresarios en una situación dispar y particularmente ventajosa frente al Estado, pudiendo fijar precios de manera unilateral y arbitraria, lo que les habría permitido obtener ganancias “exorbitantes” con dinero de origen público.
Actualmente, los Jinkis se encuentran con prisión domiciliaria, mientras que Burzaco fue extraditado desde Italia a los Estados Unidos.