10 de mayo de 2021
10 de mayo de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El Ministerio Público estará representado por el fiscal Oscar Ciruzzi
Comenzará la próxima semana el juicio a una oficial de la Policía de la Ciudad por el homicidio de una pareja en Parque Avellaneda
En el debate, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7, también se encuentra imputado la por entonces pareja de la mujer policía, acusado de haberla ayudado a eludir la investigación.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 comenzará el próximo miércoles 12 de mayo el juicio contra una oficial de la Policía de la Ciudad por el homicidio de un matrimonio en el barrio de Parque Avellaneda, perpetrado en junio de 2019. En el debate, será juzgado además la pareja de la imputada, quien también es integrante de la misma fuerza de seguridad y está acusado de ayudarla a eludir la investigación. En representación del Ministerio Público actuará el fiscal Oscar Ciruzzi.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por la responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 Estela Andrades, la oficial Sonia Rebeca Soloaga se aprovechó de la relación que había forjado con las víctimas para ingresar al domicilio y cometer el crimen. María Delia Speranza (63) y Alberto Antonio Chirico (71) solían habilitar el ingreso de la acusada al baño e incluso le daban algunas comidas, ya ella trabajaba en la comisaría vecinal 9C y solía hacer rondas en la zona.

De acuerdo con la acusación, el 11 de junio de 2019, entre las 12 y las 14.30, Soloaga ingresó a la casa ubicada en Eugenio Garzón al 3500 con el objetivo de robarle a la pareja entre 70 y 80 mil dólares que tenían ahorrados para pagarle a su hija un viaje a Disney por su cumpleaños de 15 años. Para eso, los golpeó fuertemente y después les disparó a ambos con su pistola reglamentaria “con alevosía, y a fin de asegurar su impunidad, como así también el provecho del delito”.

Luego de cometer los asesinatos, la oficial se fue del lugar y denunció que le habían robado su arma, con el propósito de cubrir su accionar y poder deshacerse de la pistola utilizada en el crimen. Para esto, presentó una denuncia en la que sostuvo que había sido interceptada en las calles Recuero y Culpino por un Volkswagen Gol Trend y que luego hizo lo mismo una camioneta Renault Duster, desde la que habría bajado un hombre para sustraerle su arma. Indicó también en esa denuncia que desde el auto habría descendido una mujer para robarle una cartera, donde tenía 300 mil pesos. Cuando la policía inspeccionó su vehículo, encontraron dentro de su campera reglamentaria 70 mil pesos y dos cargadores.

El homicidio del matrimonio fue descubierto por otra oficial de la Comisaria Vecinal 9C, quien advirtió aquella tarde que el portón de dos hojas de la casa del matrimonio estaba abierto. Como nadie respondió fue a buscar a la hija de la pareja, quien luego de ingresar salió a los pocos minutos diciendo que sus padres estaban tirados en el piso y que creía que estaban muertos. La Unidad Criminalística Móvil determinó después que la pareja había sido golpeada y que les habían disparado en la cabeza.

Con respecto a la imputación contra la por entonces pareja de Soloaga, la fiscalía de instrucción sostuvo que Diego Alberto Pachilla la ayudó “a eludir las investigaciones de la autoridad y a sustraerse de la acción de ésta”. Para eso, habría elaborado un plan que consistió en corregir la versión que dio la mujer al ser interrogada, además de colaborar en el ocultamiento del arma reglamentaria de la imputada, que no pudo ser encontrada. “Todo ello pese a su condición de funcionario público y de tratarse el delito precedentemente de uno especialmente grave”, remarcó la fiscal Andrades.

En el requerimiento de elevación a juicio se consideró que Soloaga debía ser juzgada por los delitos de “robo agravado por su comisión con arma de fuego, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía, y para consumar el otro delito y lograr la impunidad, que se agrava a su vez por haber sido cometido con un arma de fuego, en concurso real con falsa denuncia”. Con respecto a Pachilla, se le endilgó el delito de “encubrimiento doblemente agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público”.