Con la intervención del fiscal Ariel Yapur –interinamente a cargo de la Fiscalía General N°24 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales-, comenzó ayer ante el TOC N°24 el debate oral contra cinco policías de la Comisaría N°51 acusados de integrar una asociación ilícita para realizar diversos delitos y brindar protección al prostíbulo “Pampita”, del barrio porteño de Belgrano. Además, son juzgados el dueño del local nocturno y su encargado.

De acuerdo a la investigación, llevada adelante por el juez Alberto Baños y el titular de la Fiscalía del Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, se corroboró la “protección exclusiva” al prostíbulo. De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, los cinco policías evitaron iniciar investigaciones a pesar de las evidencias que había de que allí se cometían delitos, al tiempo que también les endilgó la adulteración de documentos públicos, y recaudar dinero ilegalmente, para lo cual le exigían a dueños de restaurantes y comercios de la zona que les paguen un “canon mensual” a cambio de protegerlos, a pesar de que era parte de sus tareas como policías.

Uno de los imputados –que revestía el cargo de comisario- fue señalado como jefe de la asociación ilícita (que habría actuado entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, por lo menos) y está acusado, además, de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales. Asimismo, se juzga por los mismos delitos a un subcomisario y a un oficial ayudante, mientras que un cabo y un suboficial escribiente lo son como integrantes de la asociación ilícita y como responsables de incumplimiento en sus funciones y exacciones.

Por su parte, el dueño y el encargado del prostíbulo llegan a juicio imputados por promoción y/o facilitación de la prostitución. Además, se juzgará la responsabilidad del propietario en los delitos de amenazas simples y amenazas coactivas.

Cuatro de los policías y el encargado del local están detenidos desde noviembre de 2016, mientras que el propietario del prostíbulo goza de prisión domiciliaria -ratificada por el Tribunal después de un pedido que el acusado hizo en noviembre del año pasado y al que la fiscalía se opuso-. En la audiencia del martes, el abogado del propietario y el encargado, solicitó la suspensión del juicio a prueba para sus defendidos, pero el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°24 –integrado por Javier de la Fuente, María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero- rechazó la petición, a instancias de lo expresado por la Fiscalía.

En la misma audiencia declararon dos de los acusados: uno de ellos no aceptó preguntas y relató su carrera hasta llegar a la Comisaría 51. “Estoy detenido hace un año y seis meses por trabajar, mi detención le provocó mucha humillación a mi familia y a mí mismo”, expresó.

El otro de los imputados que declaró negó haber conformado una asociación ilícita y aseguró que “le arruinaron la vida”, al tiempo que explicó que declaró en instrucción sobre lo que consideraba que era un “secreto a voces” dentro de la institución policial: que en ciertos lugares había policías asignados porque los comercios le pagaban a la jefatura. También, aseguró que nunca vio que se cometiera un delito en el local y que desconocía que había dinero involucrado ya que creían que se trataba de un lugar de “solos y solas”.

Por otra parte, declaró uno de los testigos –policía retirado encargado de la 5ª Circunscripción de la Policía Federal y que inspeccionaba las dependencias policías bajo su jurisdicción- quien, ante las preguntas de las defensas, aseguró tener un concepto “muy bueno” de dos de los imputados y que nunca recibió quejas sobre su desempeño.

El debate se reanudará el próximo martes 15 de mayo, con la declaración de otros doce testigos.