Con la lectura parcial de las acusaciones, el Tribunal Oral Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- dio inicio hoy al debate oral y público en el que se juzgará la responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández y otros doce imputados, entre empresarios y ex funcionarios públicos y provinciales, por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. El titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola, representan al Ministerio Público Fiscal, en tanto que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) intervienen como querellantes.

De acuerdo al cronograma establecido por el TOF, se prevé que las audiencias tengan lugar todos los lunes hasta tanto el juez Basso finalice otro debate. Luego se agregarán los martes como día de debate. Se estima que el juicio se extenderá por al menos un año.

Las acusaciones

Además de la ex presidenta de la Nación, también se juzga la responsabilidad en los hechos del empresario de la construcción Lázaro Báez; del ex ministro nacional de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; de los ex titulares de la Dirección Nacional de Vialidad y la secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner, respectivamente; y del ex subsecretario de Obra Pública Abel Claudio Fatala. Entre los acusados de haber formado parte de las maniobras también se encuentran Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Todos ellos están acusados de defraudar al Estado y en el caso de los seis primeros -Fernández, Báez, De Vido, López, Periotti y Kirchner-, por el delito de asociación ilícita.

En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques entendieron que las condiciones estaban dadas para elevar a juicio el expediente, lo que así solicitaron al juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10. En esa oportunidad, los representantes del MPF tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz.

La Fiscalía entendió, en su extenso documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

La primera audiencia

En la jornada de hoy, previamente a dar inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la defensa de Julio de Vido intentó introducir planteos que, por improcedentes, fueron rechazados por el Tribunal, que indicó que la oportunidad procesal para ello es la prevista en el art. 376 del Código Procesal Penal de la Nación -titulado “cuestiones preliminares”-. A las 15, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 27 de mayo a las 9:30, para continuar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del MPF.