El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 dio inicio hoy al juicio oral por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica tras la venta a The Old Fund S.A., y su habilitación para contratar con el Estado Nacional para la impresión de billetes, al que llegaron imputados Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen en el debate los fiscales generales Marcelo Colombo, titular de la Fiscalía General N°8; Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA); y el fiscal Santiago Eyherabide, también por la PIA.

En primer lugar, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Gorini -como sustituto- dispusieron la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado al término de la etapa de instrucción, que estuvo a cargo del fiscal Jorge Di Lello y el juez Ariel Lijo. Tras ello también se leyeron parte de los requerimientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA), que actúan como querellantes en el debate.

Al momento de plantear las cuestiones preliminares, las defensas de Vandenbroele  -asumida minutos antes del comienzo de la audiencia, tras la renuncia de la anterior- y Resnick Brenner pidieron la postergación para poder tomar conocimiento de la causa. El Tribunal consideró pertinente la solicitud y dispuso un cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 9.30. La contestación de los representantes del MPF a los planteos podría ocurrir ese día, en función del tiempo que les demande la exposición a las defensas. Por su parte, el abogado del ex vicepresidente postuló hoy la nulidad de la apertura del debate.

Los hechos investigados

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio del MPF, los imputados participaron en tres etapas de una maniobra destinada a la adquisición de la calcográfica y al levantamiento de la quiebra, para después obtener un certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional la elaboración de los billetes de curso legal. De ella habrían formado parte Boudou -primero cuando era ministro de Economía y Finanzas y después desde la vicepresidencia-; Núñez Carmona -empresario y amigo de Boudou-; Vandenbroele -abogado y presidente de The Old Fund S.A-; Nicolás Tadeo Ciccone -uno de los dueños de la calcográfica-; Resnick Brenner -como jefe de asesores de la AFIP-; y César Guido Forcieri -jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía-.

De acuerdo con la acusación, los imputados participaron de maniobras destinadas a la adquisición de la calcográfica y al levantamiento de la quiebra, para después obtener un certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional la elaboración de los billetes de curso legal.

La primera etapa habría consistido en una serie de reuniones para idear la adquisición de Ciccone Calcográfica SA -firma a la que el Juzgado Nacional en lo Comercial N°8 le había decretado la quiebra en julio de 2010-, para un “posterior salvataje de la empresa y contratación con el Estado” y convertirse así “en la única firma” capaz de imprimir el papel moneda de la República Argentina. Di Lello consideró que los hermanos Ciccone -Nicolás y Héctor, ya fallecido- accedieron a firmar el acuerdo a través del cual cedieron el 70 por ciento de las acciones a The Old Fund “no sin antes negociar que se les pagara además, la suma de 50.000 dólares mensuales a cada una de las familias”. The Old Fund debía luego lograr el levantamiento de la quiebra, la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal y la inyección de capitales para recuperar su productividad.

La segunda etapa de la presunta maniobra habría comprendido una “estrategia en AFIP y en el Ministerio de Economía para lograr el levantamiento de la quiebra”, que fue finalmente dispuesta por el Juzgado en septiembre de 2010; para ello la AFIP “varió en un breve plazo, y sin ninguna razón evidente, su admitida táctica fiscal de solicitar la quiebra de la empresa en procura de satisfacer sus acreencias”; para Di Lello, ello “fue sustanciado por el Jefe de Asesores del citado organismo, Dr. Rafael Resnick Brenner, quién además, aconsejó que el expediente recorriese un trámite desconocido hasta el momento”, al proponer consultar al ministro de Economía acerca de la procedencia del pedido. Tras la intervención de Forcieri y la solicitud de un plan de pagos efectuado por Vandenbroele, se habría desplegado “un trámite ultra rápido” aprobado por la AFIP, “y luego de que Amado Boudou se convirtiera en Vicepresidente de la Nación, se otorgó la concesión del certificado fiscal para contratar con el Estado con fecha 13/12/11, lo que permitió a la empresa, convertida en Compañía de Valores Sudamericana, suscribir con la Casa de la Moneda, el día 16 de abril del año 2012, un contrato para la impresión de 410.000.000 billetes”.

El último tramo, de acuerdo a la hipótesis acusatoria, era asegurar a futuro los negocios que concretaría la empresa rescatada de la quiebra. Por ese motivo se habría hecho fracasar una licitación que tramitaba en la Casa de la Moneda, que de haber finalizado con la compra de nuevas máquinas le habría permitido a esa sociedad del estado “el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central”. Por el contrario, la maniobra concluyó “con la contratación de la empresa CVS [ex Ciccone] por parte del Estado Nacional” en abril de 2012, con la firma de un contrato entre Casa de la Moneda y CVS.