El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal condenó al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otras diez personas, a penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de entre $250.000 y $14.991.385 por hechos de enriquecimiento ilícito y corrupción cometidos entre los años 2003 y 2010. Además, los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico ordenaron el decomiso de múltiples bienes que fueron producto directo del delito de enriquecimiento ilícito e incluyen una embarcación, inmuebles y vehículos. Los fundamentos se conocerán el próximo 2 de junio a las 18.00.

De esta manera, el tribunal coincidió con lo solicitado por la titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Gabriela Baigún, que intervino en el debate oral con la colaboración de las auxiliares fiscales Jesica Racki y Claudia Rebour, y el prosecretario administrativo Francisco Lorea Bonete. En el tramo correspondiente a la causa “Belgrano Cargas”, intervino la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Dafne Palópoli.

Las penas

El ex titular de la cartera de Transporte fue condenado a 8 años de prisión como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y cohecho, y como coautor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se le impuso una multa de $14.991.385, e inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El tribunal también le impuso a Julio De Vido una condena de 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como coautor de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, fue condenado a cinco años y ochos meses de prisión como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho.

También, Silvia Elena Reyss, Alfredo Pielach, Lisandro Damián López y Carlos Alberto Lluch fueron condenados a tres años de prisión en suspenso como partícipes necesarios del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. En iguales condiciones Julián Vázquez y Lorena Silvia Jayo recibieron una pena de dos años y ocho meses de prisión; Agostina Soledad Jayo, dos años y seis meses de prisión; Julieta Jaime, dos años y cuatro meses de prisión; y Graciela Vigna, dos años de prisión. Finalmente, los jueces absolvieron a Raúl Viola, Sebastián Ledantes, Hugo Picasso, Silvano del Carmen Mazzucchelli, Carlos Castaño y Ricardo Testuri.

En su resolución, el tribunal también rechazó los múltiples planteos de las defensas, a excepción del relativo a la extinción de la acción penal por prescripción en el tramo sobre las maniobras que involucraron al Belgrano Cargas, y respecto de las dos causas seguidas a Ricardo Jaime por malversación de caudales públicos; en una de ellas también estaba imputado Claudio Uberti. El juicio reunió en un único debate cinco causas en las que se juzgó al exsecretario de Transporte.

En su alegato relativo al tramo de enriquecimiento ilícito, la fiscalía había profundizado en las distintas maniobras ejecutadas para la adquisición de bienes por parte del ex funcionario a través de terceras personas. En este marco, el MPF acreditó que existió un modus operandi “en varios hechos constitutivos del enriquecimiento de Ricardo Jaime”. “Resulta peculiar que nunca hayan sido citados a declarar en calidad de imputados estos escribanos que participaban de la creación de este tipo de sociedades profesionales que actuaron dolosamente porque conocían perfectamente lo que estaban haciendo”, detalló la fiscalía.

También, la fiscalía se refirió a la compra del inmueble ubicado en la avenida Figueroa Alcorta 3058/60, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido por la suma de 450 mil dólares mediante la utilización de personas interpuestas. Esa compra se llevó a cabo, en noviembre de 2009, por la firma Clamaram S.A., cuyo presidente era Hugo Álvarez Picasso. “Las gestiones que rodearon esta compra-venta estuvieron a cargo, sin dudas, de Manuel Vázquez, quien, con posterioridad a su concreción, resultó cesionario de las acciones de la sociedad en cuestión”, fundamentó Baigún.

A su vez, en relación al tramo relativo a administración fraudulenta vinculada a adquisiciones irregulares de materiales ferroviarios a España y Portugal, realizadas entre 2003 y 2010, la fiscalía detalló que los acusados violaron los deberes a su cargo y, mediante una serie de actos jurídicos, “comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado nacional, cuya administración les fuera confiada, generándose en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial".