La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva de tres integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 12°porteña por el secuestro extorsivo y otros delitos de los que fue víctima un comerciante en la madrugada del 26 de junio del año pasado. Los camaristas rechazaron un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los agentes y ratificaron la resolución del juez federal Claudio Bonadío, que alcanza también a la pareja de la víctima, quien habría intervenido en el hecho en calidad de coautora, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Los tres efectivos -el inspector y jefe de brigada, Gonzalo González, y los cabo primero Antonio Ezequiel Vecchio y Carlos Arnaldo Molas- y la mujer se encuentran detenidos desde el 12 de diciembre, cuando se realizó un procedimiento en la seccional ubicada en el barrio porteño de Caballito. Bonadío había coincidido con la calificación legal propuesta por los fiscales Carlos Rívolo y Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), quienes encuadraron los hechos bajo análisis en los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso ideal con el delito de robo y en concurso real con extorsión en grado de tentativa.  En el caso de la pareja de la víctima, Malvina Sasma, su vínculo agrava doblemente la imputación.

El hecho se originó en la madrugada del 26 de junio de 2016, cuando la víctima y su primo fueron interceptados sobre la avenida Directorio en Capital Federal por un hombre que se identificó como policía y, a punta de pistola, hizo descender a la víctima para subirse a un auto modelo Chevrolet Corsa Classic con una baliza azul en su techo. Luego de varias vueltas, lo comunicaron con su pareja para requerir dinero a cambio de su liberación. La mujer se presentó con la suma de 17 mil dólares y, al momento de la entrega del dinero, los acusados la retuvieron mientras liberaron al denunciante para que consiguiera más dinero para rescatar a su mujer. Finalmente, esta última fue liberada sin ninguna transacción de por medio.

A partir de las investigaciones y de datos brindados por la víctima -entre ellos, que se escuchaba una frecuencia policial en el automóvil en el que era trasladado-, se hizo un seguimiento de los equipos de radio habilitados en ese día y horario, lo que permitió identificar a sus tres captores, que en registros policiales también figuraban cumpliendo funciones en la zona y en el horario en el que ocurrió el secuestro.

Con estos elementos, tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez federal interviniente consideraron tener pruebas suficientes para determinar el procesamiento con prisión preventiva de los imputados, al tiempo que se dispuso  embargos por el monto de 400 mil pesos.

Ante el planteo de las defensas respecto a la restricción de la libertad ambulatoria, el tribunal de alzada coincidió con los argumentos de los fiscales y consideró que, al ser los imputados miembros de la Comisaría 12° de la Policía Federal Argentina, “es dable suponer que con las conexiones que les brinda la fuerza intentarán entorpecer la investigación en caso de ser liberados”. Respecto al embargo, los magistrados destacaron que si bien la defensa entendió que el juez de primera instancia no expresó suficientes razones y consideró excesivo al monto, las razones sí están debidamente explicadas en su resolución, y que el monto del embargo está orientado a garantizar la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria, las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes.