Trece personas detenidas, más de un centenar de vehículos secuestrados -entre autos y motos-, armas, documentación y dinero en efectivo fue el saldo de 28 allanamientos simultáneos llevados a cabo ayer, en el marco de una causa en la que se investiga el contrabando y la comercialización de automotores de lujo, robados y embargados. El caso está a cargo de la Fiscalía Federal N°8, que encabeza Juan Pedro Zoni, con la intervención de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°5 a solicitud de la Fiscalía y llevados a cabo por esa división de la Policía Federal. Tuvieron lugar, mayoritariamente, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en La Plata, Marcos Paz, Merlo y los barrios privados Montecarlo -kilómetro 44, Ramal Pilar Del Viso- y San Isidro Labrados Country Club, entre otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

En la oficina de uno de los imputados, ubicada sobre la avenida Libertador al 700, se confeccionaba la documentación falsificada: allí se hallaron miles de formularios en blanco -originales y falsos-, sellos de fiscales, jueces y escribanos, 300 mil pesos, y una máquina para hacer sellos. Se estima que lo encontrado tiene un valor de 2 millones de dólares.

La hipótesis que se sigue en la pesquisa es que la banda compraba tanto autos robados, como embargados y contrabandeados desde los Estados Unidos -a los que se les preparaba la documentación apócrifa-, y que luego los vendían. De todos los vehículos incautados, alrededor de 25 -de alta gama- serían los importados ilegítimamente. La modalidad consistía en introducirlos en contenedores con otra documentación para simular que correspondían a mudanzas de ciudadanos extranjeros y así eludir los controles aduaneros.

La investigación se disparó cuando dos hombres discutían en una estación de servicio por el trámite de la verificación técnica, durante la permuta de un auto. Un agente de policía intervino y comprobó que el coche portaba una patente falsa.

Una discusión, el origen de la investigación

El disparador de la investigación tuvo lugar en septiembre del año pasado en una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida Juan B. Justo y Lope de Vega, cuando un agente de la Policía debió intervenir ante una discusión entre dos hombres, que se habían encontrado con la intención de firmar la documentación relativa a la permuta de un VW Bora.

Uno de ellos ya había entregado su auto y recibido el otro, pero la disputa se desató frente a la negativa del vendedor a concurrir a realizar la verificación técnica vehicular. El inspector “observó la documentación del rodado patente ODJ-753, detectando a simple vista que tanto la cédula de identificación del automotor, como el título de propiedad del mismo serían apócrifos. Al examinar el automóvil, pudo distinguir también que la chapa patente colocada con el dominio ODJ-753 resultaría falsa, mientras que la numeración del chasis prestaba alteraciones y la numeración del motor pertenecería a un vehículo de igual marca y modelo, pero correspondiente al dominio MNI-357, rodado con orden de secuestro de la Unidad Regional de La Plata por robo”, explicó la Fiscalía en un dictamen.

Luego de los peritajes correspondientes, se corroboró que la cédula de identificación, el título de propiedad, el formulario N° 12 -de la verificación policial- y la chapa patente eran apócrifas, en tanto que el automóvil tenía orden de secuestro de la justicia penal de Lomas de Zamora.

A su vez, el análisis del teléfono celular de la persona que intentó hacer la operación desnudó que no se trataba de un evento aislado, sino de una práctica habitual del imputado “como un engranaje que ensambla en una organización delictiva integrada por otros sujetos y destinada a la obtención de vehículos con impedimentos para circular -sea por pedidos de secuestro, inhibición, embargos, etc.-, la falsificación de la documentación correspondiente y la posterior estafa producida mediante la venta fraudulenta a terceros de buena fe”.

Se investiga a una organización "destinada a la obtención de vehículos con impedimentos para circular, la falsificación de la documentación correspondiente y la posterior estafa producida mediante la venta fraudulenta a terceros de buena fe".

Por ese motivo, Zoni dispuso profundizar la investigación con la cooperación de la División Sustracción de Automotores, requiriendo al Juzgado la progresiva intervención de diversos abonados telefónicos. Del análisis de numerosas comunicaciones surgieron las tratativas entre las personas que conseguían los autos, la utilización de una supuesta agencia y la intervención de gestores que se ocuparían “de obtener cualquier tipo de documentación del automotor falsa” -formularios 08, títulos y cédulas de identificación- y poderes “utilizados para realizar el trámite de autorizados”.

Autos traídos desde los Estados Unidos

Por otro lado, se identificó a una persona a través de la que se instrumentaba el ingreso al país de vehículos de alta gama, simulando falsamente ante las autoridades aduaneras que se debía a la radicación de sus titulares extranjeros por mudanza; luego, se enajenaban los rodados en cuestión a terceros. Según las comunicaciones obtenidas, el hombre mantenía “vínculos con agentes de aduana”, de momento no identificados.

La maniobra se completaba adulterando la documentación “con el objeto de permitir su circulación dentro del país -ya que, por la modalidad empleada, los únicos autorizados a utilizar los vehículos serían sus propios titulares radicados en el exterior-, para finalmente proceder a su venta fraudulenta a terceros”, indicó Zoni. Una vez ingresados, eran trasladados “a un taller de embellecimiento vehicular” ubicado en la calle 59 de la ciudad de La Plata, ciudad de residencia del detenido imputado de financiar las operaciones.