El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de Córdoba condenó hoy a prisión perpetua al principal imputado por el secuestro seguido de muerte de Santiago Aguilera, de 18 años, ocurrido en agosto de 2022 en la localidad cordobesa de Villa Dolores. La condena a la pena máxima para Walter Ezequiel Gil, fue en línea con el pedido que durante su alegato habían formulado el titular de la Fiscalía General Nº2 ante esos tribunales, el fiscal general Carlos Gonella, y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre.

Los jueces Cristina Giordano, Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu consideraron a Gil penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo triplemente agravado, por la pluralidad de intervinientes, por haber causado a la víctima lesiones graves y gravísimas, y por haber causado la muerte intencional de la víctima, en concurso real con robo, en carácter de coautor.

Además, el tribunal condenó al segundo imputado en la causa, Julio César Ramírez, a la pena de 4 años de prisión como autor del delito de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave. En su alegato, Gonella y Yofre habían solicitado para este imputado una pena de 15 años de prisión al considerarlo partícipe secundario del secuestro extorsivo, un hecho por el que fue absuelto por el TOCF. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 6 de junio.

El hecho

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado en su momento por el titular de la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, Enrique Senestrari -quien realizó la instrucción-, Gil y Ramírez, junto a un grupo de personas aún no identificadas, planificaron el secuestro de Aguilera, un joven trasplantado renal con necesidades médicas especiales. Para ello, recopilaron información sobre su familia, su patrimonio y los números de teléfono de sus familiares para exigir un rescate.

De esa manera, según la acusación fiscal, Gil -quien trabajaba en el corralón que la familia poseía en Villa Dolores- entabló una relación de confianza con Aguilera, lo cual le facilitó el engaño para llevar a cabo el secuestro.

El 16 de agosto de 2022, entre las 18 y las 23.30, Gil contactó a Aguilera a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y de llamadas telefónicas y le propuso tomar juntos una cerveza, aunque el joven rechazó la invitación porque tenía otro programa con un amigo. Sin embargo, Gil utilizó su automóvil para interceptarlo cuando salía de su casa. De esa forma, el joven fue trasladado hacia la zona de la localidad de Las Tapias, donde fue privado de su libertad.

Al día siguiente por la madrugada, desde el teléfono de la víctima, se enviaron mensajes a su madre para exigirle el pago de 7 millones de pesos a cambio de la liberación. Estas comunicaciones incluían amenazas y detalles sobre la familia, pero las negociaciones terminaron sin éxito.

Aguilera, cuyo estado de salud era frágil por haber recibido un trasplante renal, fue mantenido cautivo hasta el 20 de agosto. Durante su cautiverio, le infligieron heridas punzantes en su mano izquierda y otras lesiones.

De acuerdo a la acusación probada en el juicio, Ramírez manipuló el teléfono de Aguilera para continuar con las negociaciones hasta que el 20 de agosto, en algún momento entre las 10 y las 22, los captores causaron la muerte del joven mediante golpes en la cabeza y múltiples heridas punzantes en el tórax y la cabeza. Para la fiscalía, a pesar del pedido de rescate, el plan incluía el asesinato de Aguilera.

Intención homicida

En su alegato del 9 de mayo pasado durante el debate, Gonella y Yofre destacaron la intención homicida de sus acciones al recordar el mensaje extorsivo que anunciaba el crimen, explicar que, tras ser detenido el 18 de agosto, Gil no neutralizó la amenaza ni reveló datos de los captores y considerar que la muerte de Aguilera ya estaba planificada de antemano porque la víctima podía delatarlo.

Respecto a la participación de Ramírez, la fiscalía resaltó que desde su domicilio se accedió a la cuenta de Google de Aguilera el 20 de agosto, probablemente tras torturarlo para obtener claves y credenciales de acceso y así evitar ser geolocalizado. También demostró tener conocimiento del secuestro, como reveló su manifestación espontánea al ser detenido.

Al cierre de su alegato, Gonella y Yofre hicieron hincapié en la gravedad del hecho que se juzga, la infraestructura delictiva, el lucro y la traición a la confianza de la víctima.