El titular de la Fiscalía General Nº2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella, y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre, solicitaron prisión perpetua para el principal imputado por el secuestro seguido de muerte intencional de Santiago Aguilera Allende, de 18 años, ocurrido en agosto de 2022 en la localidad cordobesa de Villa Dolores, mientras que para otro acusado como partícipe secundario, pidieron una pena de 15 años de prisión.

El pedido fue formulado el viernes pasado en el alegato que los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de Córdoba integrado por la jueza Cristina Giordano (presidenta) y los jueces Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu.

La fiscalía requirió la pena máxima para Walter Ezequiel Gil, quien al momento del hecho era empleado del corralón de la familia Aguilera. Lo acusaron como coautor -junto a un grupo de personas no identificadas- del delito de secuestro extorsivo triplemente agravado por lesiones graves, por la participación de tres o más personas y por la muerte intencional de la víctima, en concurso real con robo, de pertenencias de la víctima como su celular, billetera y DNI.

Para el segundo imputado, Julio César Ramírez, se solicitó una condena menor, de 15 años de prisión, al considerarlo como partícipe secundario del delito principal, y su absolución en el caso del robo.

La acusación

De acuerdo a los representantes del MPF, Gil y Ramírez, junto a otras personas aún no identificadas, planificaron el secuestro extorsivo de Aguilera, un joven trasplantado renal con necesidades médicas especiales. Para ello, recopilaron información sobre su familia, su patrimonio y los números de teléfono de sus familiares para exigir el rescate de 7 millones de pesos.

Gil declaró durante el juicio y allí reconoció haber oficiado de “entregador”, pero alegó haber sido víctima de coacción por parte de dos hombres que lo habían interceptado el día previo al secuestro.

De acuerdo a lo reconstruido, el 16 de agosto de 2022 por la tarde, Gil contactó a Aguilera a través de llamadas y mensajes de la aplicación WhatsApp para invitarlo a tomar una cerveza. A las 23.30, Gil interceptó a la víctima en una plaza cercana a su casa y la llevó hasta los barrios de San Pablo y Piedra Pintada, donde fue privada de su libertad.

Siempre según la exposición de los fiscales, entre las 6.49 y las 7.15 del día siguiente, desde el celular de Aguilera, Gil envió mensajes extorsivos a la madre de su víctima exigiendo el pago del rescate. Estas comunicaciones incluían advertencias de una supuesta vigilancia que la banda mantenía sobre el entorno familiar y un mensaje con una amenaza concreta: “Cualquier error y lo mato”.

Entre el 17 y el 20 de agosto, el otro acusado, Ramírez, recibió el celular de Aguilera para continuar las negociaciones extorsivas, y mientras duró su cautiverio, la víctima fue torturada, golpeada y finalmente asesinada a puñaladas. Su cuerpo fue hallado el 21 de agosto de ese año. Presentaba heridas en mano izquierda, cabeza y tórax.

Los descargos de los imputados

Luego de ser detenido, Ramírez negó los hechos y se abstuvo de declarar formalmente durante el proceso. Solo en una manifestación espontánea al momento de su detención, afirmó: “Yo no lo maté” y aclaró que habían sido otras personas quienes le habían ofrecido el teléfono celular de la víctima, lo que para los representantes del MPF es prueba de su conocimiento del crimen y de la víctima.

Por su parte, Gil declaró durante el juicio y allí reconoció haber oficiado de “entregador”, pero alegó haber sido víctima de coacción por parte de dos hombres que lo habían interceptado el día previo al secuestro -15 de agosto- y lo habían amenazado a él y su familia para que “sacara a Santiago” de su casa y así facilitar su captura. En esta oportunidad, afirmó no haber declarado antes por miedo a represalias y pidió disculpas a la familia.

Gonella y Yofre destacaron la intención homicida de sus acciones al recordar el mensaje extorsivo que anunciaba el crimen, explicar que, tras ser detenido el 18 de agosto, Gil no neutralizó la amenaza ni reveló datos de los captores y considerar que la muerte de Aguilera ya estaba planificada de antemano porque la víctima podía delatarlo.

De acuerdo a la fiscalía, a lo largo del proceso presentó tres versiones contradictorias entre sí, entre las que se encuentran su última declaración en la audiencia, un manuscrito hallado en su celda y una charla telefónica -interceptada- con su padre y su hermana.

Al mismo tiempo, los representantes del MPF resaltaron que no existe evidencia de las amenazas que dijo haber recibido, la tranquilidad del imputado al momento de ser interrogado -incompatible con un estado de coacción-, y que había borrado el registro de sus comunicaciones con Aguilera, con clara intención de ocultar pruebas.

Intención homicida

Gonella y Yofre destacaron la intención homicida de sus acciones al recordar el mensaje extorsivo que anunciaba el crimen, explicar que, tras ser detenido el 18 de agosto, Gil no neutralizó la amenaza ni reveló datos de los captores y considerar que la muerte de Aguilera ya estaba planificada de antemano porque la víctima podía delatarlo.

Respecto a la participación de Ramírez, la fiscalía resaltó que desde su domicilio se accedió a la cuenta de Google de Aguilera el 20 de agosto, probablemente tras torturarlo para obtener claves y credenciales de acceso y así evitar ser geolocalizado. También que demostró tener conocimiento del secuestro, como reveló su manifestación espontánea al ser detenido.

Al cierre de su alegato, Gonella y Yofre solicitaron las penas e hicieron hincapié en la gravedad del hecho que se juzga, la infraestructura delictiva, el lucro y la traición a la confianza de la víctima.