En consonancia con los argumentos del fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres. Aníbal Fabián Martínez, y del fiscal general Carlos Schaefer, la Cámara Federal de Corrientes confirmó el rechazo a las excarcelaciones postuladas por las defensas de los hermanos Oscar y Sergio Salgán, y su primo, Silvio Damián Vargas, en el marco de la investigación que se les sigue por conformar una asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la cantidad de intervinientes, confabulación y lavado de activos de origen delictivo.

Los tres hombres están siendo investigados desde 2012, cuando se denunció la existencia de "kioscos" donde se comercializaba marihuana en distintos puntos de la ciudad de Mercedes, en aquella provincia. Tras una serie de tareas de investigación se pudo determinar que detrás de las operaciones se encontraba una organización que se hacía llamar “La Banda de los Caniches”, y que estaría encabezada por un ciudadano brasileño apodado “Giorgi” Ramos.

En ese contexto, el fiscal Aníbal Fabián Martínez –a cargo de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres- le solicitó a la jueza federal de esa jurisdicción, Cristina Pozzer Penzo, el allanamiento de catorce domicilios, los cuales fueron realizados el 19 de agosto pasado por personal de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El resultado de los procedimientos fue la detención de once personas y el secuestro de más de 110 mil pesos, 1148 dólares, 327 reales, marihuana, envoltorios con restos de cocaína, celulares, vehículos con doble fondo y documentación de interés para la investigación.

Condenados a 17 años de prisión por el secuestro extorsivo en 2003 del estudiante Cristian Schaerer, los hermanos Salgán estaban en libertad porque la sentencia no está firme.

Entre los detenidos se encontraban los hermanos Sergio y Oscar Salgán, hoy condenados a 17 años de prisión como partícipes necesarios en el secuestro extorsivo del estudiante Cristian Schaerer, ocurrido en el año 2003, aunque se encontraban en libertad dado que la condena no se encuentra firme, a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los detenidos fueron traslados a Paso de los Libres y quedaron a disposición de la jueza Pozzer Penzo quien, luego de indagarlos y ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, dispuso su procesamiento con prisión preventiva, ante lo cual las defensas de los implicados solicitaron su excarcelación, la cual fue denegada. Contra esa resolución, los imputados interpusieron recurso de apelación, al entender que el decisorio era infundado y que no existía peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

Asimismo, la defensa de los imputados requirió el apartamiento de la jueza federal y la Cámara resolvió que fuera reemplazada por el juez Carlos Soto Dávila. Tal medida fue recurrida ante la Cámara Federal de Casación por el fiscal general Schaefer y su colega Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes –integrada por Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta G. Sotelo de Andreau- resolvió rechazar el planteo excarcelatorio de la defensa de los hermanos Salgán. Los camaristas señalaron que “existen todavía miembros de la presunta organización que todavía no han podido ser identificados y habidos” por lo que “en libertad y en contacto con los demás partícipes de la organización, desvirtuaría la investigación o posibilitaría su fuga”. Asimismo, sostuvieron que “resulta posible afirmar la disponibilidad de recursos económicos por parte de los miembros de la presunta organización y que estando en libertad cuentan con elementos para sustraerse de la actuación de la justicia”.

En virtud de ello concluyeron que “el encarcelamiento cautelar que agravia a los apelantes, no se muestra como una decisión inmotivada o arbitraria, sino que, por el contrario, aparece enteramente ajustado a derecho, pues la liberación del imputado podría interferir negativamente en la consecución de los fines el proceso”.

En similar sentido se expresaron respecto de la situación de Vargas quien, de acuerdo a los camaristas, “de ser puesto en libertad, no se someterá pacíficamente a la acción de la justicia”.