El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila procesó con prisión preventiva a Roberto Rodríguez y a otros siete acusados por el lavado de activos proveniente del narcotráfico. Otros cinco imputados fueron beneficiados con la falta de mérito. Según la investigación en la que participa el fiscal federal Flavio Ferrini, Rodríguez no tenía ingresos económicos, propiedades a su nombre, así como tampoco presentaba declaraciones juradas ni pagaba impuestos. Pese a esto, el hombre pudo comprarse un Porsche Coupé Cayman modelo 2010, valuado en más de 905.000 pesos; abrió en Posadas, Misiones, una agencia de compraventa de autos de lujo; invirtió dinero en un complejo turístico en la ciudad misionera de Montecarlo, y en una caja fuerte y en una valija le descubrieron 340.600 pesos y 8 mil dólares.

En el procesamiento, Soto Dávila destacó que “la organización delictiva estaría vinculada a una serie de hechos relacionados con el narcotráfico, y que tendría como consecuencia el ostensible incremento patrimonial de los distintos miembros -con vínculos familiares o de afinidad entre sí- incompatibles con la actividad habitual de cada uno de ellos, sin justificación alguna de los ingresos o manejo de fondos”.

A la vez, se pudo dilucidar que Rodriguez llevó a cabo “en nombre propio, mediante la utilización de personas físicas y jurídicas interpuestas y/o a través de las firmas sociedades RR VIP AUTOMOVILES S.R.L. y CORRALON CERRO CORA S.R.L., EMSETUR SRL y el ‘Complejo TANGARÁ’ operaciones financieras, compraventas reales y simuladas, constitución de sociedades de apariencia real sin actividad alguna, mediante las cuales fueron puestos en circulación en el mercado bienes no declarados de origen ilícito; materializadas a través de hechos por interpósita persona”.

Al resto de los imputados se les detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama que llegaban a millones de pesos. En este sentido, el juez destacó que Rodríguez “ha adquirido por interpósita persona -y mediante operaciones financieras anómalas-, bienes de origen espurio registrados, a nombres de terceros, quienes actuaban como ‘testaferros’ o ‘prestanombres’, cuyo origen es ilícito”.

Los inicios

La investigación detalla que “el 26 de enero de 2012, en virtud del informe remitido por Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) ‘Corrientes’, […] se expresa que existiría una organización delictiva encabezada por dos personas identificadas como ‘Gabriel’ y ‘Cacho’, dedicada al transporte y comercialización de mercadería en infracción a la ley 23.737 y/o 22.415, proveniente de la República del Paraguay, para posteriormente ser transportada hacia distintos puntos del país”. Esta droga, se comprobaría más tarde, era distribuida en camiones por el territorio nacional. Rodríguez, por su parte, era señalado como el jefe y financista de la organización.

A varios sospechosos vinculados con la banda les secuestraron importantes cargamentos de drogas. Por ejemplo, “en la provincia de Mendoza, [fue] detenido David Javier Miranda (alias El Puntano) con 1.200 kgs de marihuana (septiembre 2013), quien integra la organización desde por lo menos el año 2008”, así como en Formosa se detuvo a Omar Daniel Rojas, “transportando más de 1.400 kg. de marihuana”. A su vez, “Héctor Carlos Lofgren fue detenido en oportunidad de conducir un camión donde se transportaba 1.130 kgs de marihuana”.

Durante un tiempo, Rodríguez utilizó una falsa identidad. Tenía documentación a nombre de Ricardo Gabriel Sosa. Varios autos de lujo cuya titularidad se les atribuye a integrantes de la banda tenían registrado a Sosa como persona autorizada para conducirlos, de a acuerdo a lo que figura en el procesamiento de Soto Dávila.