El 9 de junio comenzó el debate oral y público al que Facundo Emanuel Caimo llegó acusado de causar la muerte de un chico menor de edad y heridas que pusieron en riesgo la vida de otro joven utilizando un arma de fuego, en un hecho que habría ocurrido en la madrugada del 22 de diciembre de 2005 en el Barrio Rivadavia I de la Ciudad de Buenos Aires. Durante las audiencias de debate, declararon efectivos policiales y vecinos del barrio. Al escuchar los relatos de los habitantes del lugar, la titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal, Mónica Cuñarro, y su par de la Fiscalía Nº 02 en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Rívoloadvirtió que habían sido amenazados para no declarar, que se encontraban sumamente atemorizados y que había un descreimiento absoluto en las instituciones, lo que los colocaba en una situación de vulnerabilidad.

Según la representante del Ministerio Público en un comunicado, Caimo “estuvo rebelde” desde el día del hecho hasta abril del año pasado, a pesar de las tareas de inteligencia que se habían ordenado para ubicarlo, pero todas fueron infructuosas. En ese marco, la madre de la víctima comenzó a investigar y logró dar con el paradero del sospechoso; tras ello, realizó un llamado anónimo a la Comisaría 38 y recién entonces fue detenido.

“(…) La única manera para no llegar a esclarecer el hecho y que los resultados de las tareas de inteligencia llevadas a cabo para que Caimo fuera habido fueran negativos, era necesaria la omisión, negligencia o connivencia policial”, señaló la Fiscalía. También, tuvo en cuenta que en el hecho participó un menor de edad que fue absuelto el 10 de diciembre de 2008 por el Tribunal Oral de Menores N°3, y que la víctima que sobrevivió al ataque aún no pudo ser ubicada para que se presente a declarar en el juicio.

Por esos motivos, se puso en conocimiento tanto al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia como a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), para lograr un trabajo coordinado e interdisciplinario y abordar los hechos no como sucesos aislados por problemas adolescentes -peleas por quitarse novias, cuestiones escolares-, sino por “enfrentamientos de bandas por el dominio del territorio y que han desatado una violencia sin igual, ante la desidia, omisión y fracaso de la inteligencia y prevención que les corresponde a las autoridades respectivas”, continuó la fiscalía en el documento,  “tal como fuera denunciado por la Dra. Mónica Cuñarro en el año 2006 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional de la Capital Federal”.

Hoy, continúa el juicio oral y también estarán presentes representantes de los mencionados organismos del Ministerio Público Fiscal, toda vez que estas son problemáticas propias del acceso a la justicia y encuadran en el marco institucional que motivó su creación, por lo que la Fiscalía y  el Programa trabajan en su rol coordinadamente.