19 de julio de 2024
19 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Mónica Cuñarro pidió 15 años de prisión para el acusado del crimen
Una historia sobre la búsqueda de justicia de una madre
El hijo de Nélida fue asesinado el 22 de diciembre de 2005 en el Barrio Rivadavia I. El imputado estuvo prófugo durante ocho años, hasta que fue localizado por la propia mujer, quien dio aviso a la Gendarmería.

Nélida sufre los mismos dolores que sintió en el pecho el día que se enteró que mataron a Octavio, su hijo de 16 años, hace casi nueve años. Esos dolores reaparecieron desde el inicio de las audiencias del juicio por el crimen al que llegó acusado Facundo Emanuel Caimo y que ayer entró en su última etapa con los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa. Los vincula directamente con recordar los episodios, la imagen de su hijo, enfrentarse con el rostro del imputado y la presencia de sus familiares y amigos en el marco del debate oral y público realizado en Tribunales.

Para la fiscal que interviene en el juicio, Mónica Cuñarro, la causa en la que se juzgó a Caimo forma parte de una problemática que atraviesa al sur de la Ciudad de Buenos Aires, con bandas que se disputan el territorio para la comercialización de drogas. En el marco de las audiencias, la representante del Ministerio Público solicitó la colaboración del flamante Programa de Acceso Comunitario del MPF que coordina Julián Axat, para intentar localizar a la otra víctima, un joven que resultó gravemente herido a causas de las balas y que estuvo en terapia intensiva.

En 2005, mientras estaba internado y con custodia policial, le dijo a Nélida y a un amigo quién había sido el autor de los disparos. El testimonio también lo había dado en el trayecto hacia el Hospital, mientras se desangraba del balazo por el que perdió el riñón. También, quedó plasmado en la denuncia formal. Acusó a Caimo, quien vive en el Barrio Rivadavia I, al igual que él.

Durante la primera quincena de este mes, un psicólogo y una trabajadora social del Programa visitaron el Barrio Rivadavia I, Rivadavia II y la Villa 1-11-14; consultaron piezas procesales de la causa e informes elaborados por órganos de la administración de justicia; entrevistaron a familiares, testigos y vecinos, y presenciaron el juicio. Todo ello fue confrontado con las denuncias y quejas recibidas tras la apertura de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia -ATAJO-, ubicada en la parroquia Madre del Pueblo. El trabajo concluyó en un informe que Cuñarro presentó en el debate: el documento señala que si bien los hechos investigados ocurrieron hace más de ocho años, debe destacarse la importancia del análisis de la situación actual. Se observa “una permanencia en el tiempo de patrones vinculares, de contexto barrial y de conducta en los sujetos intervinientes”.

Exclusión y vulnerabilidad

De acuerdo al informe, el déficit habitacional, la precaria infraestructura urbana y a las problemáticas que se desprenden en relación a la salud y la educación de la población, llevan a que la marginalidad social y geográfica permita “que distintos grupos lleven adelante distintas actividades ilegales vinculadas al acopio y distribución de estupefacientes, creciendo de manera tal, que el peso de estos grupos o bandas se convierte en un factor de amenaza y presión hacia todos los habitantes del barrio”. “Con el mismo sentido de amenaza y violencia, y vinculados al consumo de sustancias, se disputan el territorio entre ellos”, añadieron los profesionales del Programa de Acceso a la Justicia. La Fiscalía situó en ese marco el suceso de 2005 y el juicio que por estos días se realiza.

Un planteo que data desde 2006

Tras un relevamiento de más de veinte causas que se investigaban en dependencias nacionales y federales, Cuñarro y el fiscal Federal Carlos Rívolo presentaron una denuncia en diciembre de 2006 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, al considerar “la existencia de graves hechos criminales (tales como homicidios con arma de fuego, estrangulamientos, eviscerados post mortem, ingresos a la ciudad de armamento de grueso calibre, lesiones graves, robos, abusos de armas) que comenzaron en el año 1999 y se profundizaron en los años 2005 y 2006”, que tuvieron lugar en las jurisdicciones de las Comisarías 34ª, 36ª y 38ª. La presentación se hizo luego de la “masacre del Bajo Flores”. Para ello se valió de un cruce de sumarios, estudios periciales del Cuerpo Médico Forense, del Laboratorio Químico de la Policía Federal, un informe del Hospital Parmenio Piñero y entrevistas y reuniones de trabajo mantenidas con numerosos jueces y fiscales.

En consonancia con el informe del Programa, ya en 2006 los representantes del Ministerio Público denunciaban “graves hechos criminales en los que se enfrentan diversas bandas por el dominio del territorio (…), ante la desidia, omisión y fracaso de la inteligencia y prevención que les corresponde a las autoridades respectivas”. La violencia de los crímenes, apuntaban los fiscales, tenían como objetivo provocar miedo en la gente que habita en los barrios. Los hechos se sucedían “sin que los funcionarios responsables de la inteligencia, prevención y relevamiento de pruebas los relacionen entre sí”, provocando un fraccionamiento que dificultaba las investigaciones.

Tras la presentación, la Cámara del Crimen libró un oficio para poner sobre aviso a los juzgados, en tanto que la Cámara Federal dispuso por única vez la intervención de la justicia por circunscripción territorial y no por el sistema de turnos.

Búsqueda y ausencia

Caimo estuvo en situación “de rebeldía” hasta abril de este año. Nélida comenzó una búsqueda personal, hasta que logró dar con su paradero. Recorrió el barrio con un identikit que le habían acercado, disfrazada y con el cabello teñido de un color diferente al castaño que luce hoy.

Al dar aviso a la policía, le pidieron que “llamara nuevamente en unos minutos”, por lo que debió contactar a la Gendarmería, que fue la fuerza de seguridad que finalmente cercó y detuvo al joven. Ella hasta les había indicado cuáles eran las vías de escape posibles.

La violencia y presiones que afecta a los ciudadanos atravesó a las víctimas durante el juicio por la muerte de Octavio, hasta tal punto que no compareció el joven que identificó a Caimo como autor de los disparos. El informe a cargo del Programa de Julián Axat explicó que cuando fueron a la primera dirección sindicada, la dirección no existía: “Incluso a nosotros nos cuesta a veces ubicarnos”, apuntó la persona que los acompañaba, una mujer que ayuda en la obra del Padre Gustavo Carrara. Tras ello, se dirigieron a la Villa 1-11-14, a la manzana 26 -que ya había sido mencionada en la denuncia de 2006-, que la mujer calificó como “una de las más problemáticas”. Al llegar hasta allí, sugirió no ingresar porque sospechaba “que habrán fichado que estamos dando vueltas”. Desde la implementación de ATAJO en el barrio, se recibieron distintas quejas de vecinos sobre conflictos en esa manzana, que adjudican a grupos de narcotráfico.

Alegatos

Cuñarro solicitó una pena de 15 años de prisión por encontrar culpable a Caimo de homicidio simple en concurso real con homicidio en grado de tentativa, agravado por la participación de un menor de edad. Encontró como atenuantes su nivel de escolaridad y que no registra antecedentes. Por el contrario, consideró como agravantes el haber estado prófugo durante ocho años y el desprecio hacia la vida ajena. Así, dio por probado que frente a la casa 690, Caimo junto a un grupo de entre 8 y 10 personas (que integrarían una banda conocida como “Los Quebrados”) encontraron a Octavio y su amigo. Armados, le preguntaron “¿Viste cómo te nos regalás”?, y mientras las víctimas intentaban alejarse, les dispararon.

La representante del Ministerio Público Fiscal, con la asistencia del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), valoró los testimonios del amigo de las víctimas -quien tuvo que irse a vivir a otro país durante varios años y fue quien trasladó al herido en auto hasta el hospital- y en especial el de Nélida, a quien elogió por su fortaleza.

También, fundamentó su posición en base a los informes médicos y las pericias balísticas que acreditaron 13 disparos “provenientes de un mismo lado”, efectuados con dos armas y balas de 9 milímetros. En otro tramo de su exposición, recalcó el clima de violencia y amenaza que rodea al testigo desde el día del crimen, lo que lo condujo al aislamiento de las instituciones del Estado, a pesar de haberse acercado a declarar en una oportunidad sin ningún tipo de protección. También cuestionó la declaración de dos integrantes de la seccional 38ª que dijeron no recordar nada. Por último, hizo reserva federal.

Por su parte, el defensor Néstor Daniel Aguirre abogó por la absolución de su cliente, amparándose en el beneficio de la duda.

Los jueces Martín Vázquez Acuña, Alberto Huarte Petite y Luis Salas dispusieron el 7 de agosto a las 10:30 como fecha para otorgar la posibilidad a Caimo de decir las últimas palabras, y tras ello emitir el veredicto. En diálogo con Fiscales, Nélida expresó que “tiene confianza en la justicia” y recordó a su hijo, quien estaba terminando la secundaria y tenía previsto empezar a trabajar en un hipermercado como cajero. Quizás así encuentre una forma de dejar de sentir los dolores en el pecho que todavía la aquejan.