Los jueces María Cristina Bertola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani rechazaron el pedido de excarcelación que presentó el comisario Norberto Villarreal, acusado de integrar una asociación ilícita que se encargaba de recaudar dinero en forma ilegal por parte de los comerciantes y los empresarios de la zona de la por entonces comisaría Nº 35.
La defensa de Villarreal había considerado que el acusado “se presentó ante la Justicia por propia voluntad haciendo frente a la detención con la intención de colaborar con el esclarecimiento del delito”. Remarcó, además, que es una persona “con arraigo y sin antecedentes fiscales”.
La fiscalía, a cargo de Fernando Fiszer, consideró que el pedido no podía prosperar ya que no es desproporcionado el tiempo que lleva detenido (desde abril de 2018). Más si se tiene en cuenta que ya se ha ofrecido prueba en la causa y que no hay obstáculo para fijar fecha de inicio del debate.
Con esos argumentos y haciendo hincapié en cómo eludió el accionar de la justicia por un tiempo “considerablemente extenso, más allá de las variadas tareas que realizó el Juzgado instructor para dar con su paradero”, el Tribunal rechazó el pedido.
De acuerdo a la imputación realizada por el titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez, se habría conformado una organización delictiva comandada por el ex jefe de la Policía de la Ciudad José Potocar (en aquél momento comisario inspector de la Dirección General de Comisarías) y Susana Aveni, jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal.
Diversos funcionarios de distintas jerarquías de la Comisaría Nº35 habrían sido los encargados de recaudar mensualmente dinero a los comerciantes de la zona y a los “trapitos” a cambio de “otorgarles protección”. De acuerdo a la declaración de varios testigos (tomadas en cuenta en su momento por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional), desde el momento en que Villarreal se convirtió en jefe se llevaron medidas para que el personal a cargo “recaude dinero en forma ilegal por parte de comerciantes y empresarios”.