La jueza María Dolores Fontbona de Pombo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°48, procesó a cuatro policías involucrados en la causa por el derrumbe del boliche “Beara”, ocurrido en septiembre de 2010. En la investigación interviene el fiscal Andrés Madrea, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14 y quién había reclamado esta medida.

La magistrada procesó a los por entonces comisarios Rodolfo Nicolas Cabezas y Luis Eduardo Acosta; al subcomisario Julio Alfredo González; y al sargento Gustavo Flaminio por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. Además, les trabó un embargo de tres millones de pesos a cada uno.

Consideró la jueza que se corroboró, con la certeza necesaria para esta etapa de la causa, que los imputados recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 de parte de los socios de los locales comerciales Beara y Caramel, ubicados en la Avenida Scalabrini Ortiz al 1600, en el barrio de Palermo. El objetivo de los pagos era permitir que los boliches funcionaran todas las noches para un uso para el cual no estaban habilitados.

La jueza sostuvo que ese punto fue uno de los factores que provocó el colapso del entrepiso y la tragedia que causó la muerte de Ariana Lizarraga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, el 10 de septiembre de 2010, además de las múltiples lesiones graves que sufrieron las personas que se encontraban aquella noche en el lugar.

Asimismo, también procesó a seis empresarios por cohecho activo y les amplió el embargo que ya tenían. Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Ronaldo Fliess, Ivan Andrés Fliess junto con el encargado Agustin de Grazia formaban parte de la sociedad “El Viejo Sabio S.A.”, que regenteaba el local Beara y también el otro boliche lindero, Caramel. De acuerdo al fallo, se indicó que le pagaban al sargento Flaminio, quién oficiaba de “recaudador” para sus jefes: Cabezas, González y Acosta.

En el pedido de procesamiento que había realizado la Fiscalía se sostuvo que los encargados del local debían asegurarse que los responsables policiales de la jurisdicción de la Seccional 25° “omitieran o evitaran intervenir” ante la situación irregular de Beara, que funcionaba todos los días con exceso de personas y para algo que no estaba habilitado. Cabe agregar que ya había sido clausurado en tres oportunidades entre 2008 y 2009.

De acuerdo al fallo, que retoma los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía, los que administraban Beara y Caramel anotaron desde el 2007 al 2010 en su propia contabilidad los pagos mensuales para la “brigada de la PFA”. A eso se le suma el testimonio de un empleado que contó como un policía pasaba todos los días por el local y relató una secuencia donde uno de los encargados introducía billetes en un sobre para entregárselos al efectivo.

Luego de un peritaje y un entrecruzamiento de llamadas que abarcó cientos de miles de comunicaciones, la Fiscalía logró discriminar y reconstruir la secuencia íntegra de comunicaciones para coordinar la entrega de los pagos periódicos entre el sargento Flaminio desde septiembre de 2007 hasta 48 horas antes del 10 de septiembre de 2010. También, se pudo establecer que el sargento reportaba los pagos recibidos al comisario Cabezas, al subcomisario González y a quién ocupó el rol de jefe de la seccional a partir de 2010, el comisario Acosta.

Cabe recordar que ya hay quince personas que se encuentran en la etapa de juicio oral. Se trata de Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Flies, Ronaldo Fliezz, Maximiliano Fratino, Gustavo Amarú, Matías Patartotto y Leandro Camani; el ex jefe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del GCBA, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Juan Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich.

Todos ellos están acusados del delito de “estrago doloso por derrumbe de edificio agravado por haber causado la muerte de dos personas”.  Los socios que explotaban comercialmente Beara también fueron acusados del delito de cohecho activo mientras que los ex funcionarios deberán responder por la imputación de “cohecho pasivo”.

En aquella etapa de la causa, el representante del Ministerio Público Fiscal enumeró los distintos pasos que llevaron a la muerte de Lizarraga y Provedo, desde la conformación de la sociedad donde se presupuestan las coimas, las maniobras desplegadas para lograr la habilitación de local, la construcción irregular y no apta del entrepiso hasta los sobornos a los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad.

Esta parte del expediente está actualmente a cargo del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 7, con la intervención del Fiscal General Oscar Ciruzzi y ya se ofreció la prueba para el juicio, por lo que resta que se fije fecha de debate.