El titular de la Fiscalía Federal N°1 de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, dictaminó a favor de que se conceda la medida cautelar solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para embargar un avión Lear Jet modelo 35-A, de la firma TOP AIR S.A. cuyos dueños son Walter Zanzot y la empresa Austral Construcciones S.A., de Lázaro Báez.

La AFIP detectó en sus registros que la firma TOP AIR S.A. registraba la baja como empleador desde octubre de 2009, por lo que no poseía trabajadores declarados. Sin embargo, el fisco pudo, en base a las declaraciones de IVA presentadas por la empresa, determinar que desde dicho período a la fecha, la firma tuvo actividad comercial, y se incrementaron sus ventas en los meses de mayo y junio de 2015, por lo que debió recurrir a la contratación de más pilotos para cubrir los servicios aéreos, quienes -junto a los técnicos- facturaban a la sociedad como personal contratado.

Por otra parte, el ente recaudador también advirtió que facturaba $10.000.000 sin declarar empleados, lo que motivó que la AFIP le requiriera a TOP AIR justificar los movimientos y ante las respuestas poco convincentes del contribuyente para acreditar que la empresa pudiese funcionar sin empleados, y dado que se estaría frente a un caso de relación de dependencia laboral encubierta, se procedió a confeccionar un certificado de deuda presunta, por los aportes y contribuciones del Régimen Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, que se adeudarían.

Establecida la deuda presunta, la AFIP promovió una medida cautelar tendiente a embargar el avión Lear Jet, matrícula LV-BPL, modelo 35-A, de la sociedad TOP AIR S.A., cuyos accionistas serían Walter Zanzo y Austral Construcciones S.A., ello para asegurar el cobro del crédito fiscal y prevenir una eventual insolvencia, vaciamiento o desaparición de los contribuyentes o responsables.

Solicitada la opinión del fiscal De Vedia, éste dictaminó “que habiéndose acreditado la deuda presunta, la verosimilitud en el derecho, a partir de relaciones laborales encubiertas, el peligro de demora, con el agravante de encontrarse comprometidos fondos del erario público” debía opinar a favor de la procedencia de la medida cautelar solicitada por la AFIP, “dejando a salvo que ello no implica consentir los montos estimados en el certificado de deuda presunta”.