El titular de la Fiscalía General Nº 2, Abel Córdoba, rechazó una serie de planteos realizados por la defensa de un ex jefe policial acusado por los delitos de defraudación contra la administración pública y administración infiel, en el marco del juicio que se celebra ante el Tribunal Oral Federal N°1, que dará a conocer su veredicto el viernes 30 de agosto.

Oscar Romero se desempeñaba como jefe de la División de Análisis Legal de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA). En su alegato, la fiscalía había tenido por acreditado que el imputado estableció un esquema ilegal mediante el cual se apropió de dinero en efectivo, durante tres años, a través de la liquidación de horas extras de efectivos policiales a su cargo que nunca fueron realizadas. Por esa razón solicitó que se le impongan cuatro años y medio de prisión.

La audiencia

Durante la audiencia del viernes, el Ministerio Público Fiscal rechazó los planteos de la defensa, que había solicitado, entre otras cuestiones, la impugnación del juicio aduciendo una violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, la violación al principio de congruencia y la afectación al debido proceso por indefensión del imputado.

Sobre la primera de esas cuestiones, la fiscalía sostuvo que el análisis “no se puede limitar a un cálculo meramente aritmético”. En este sentido, el fiscal Córdoba señaló que “no hubo afectación de las garantías del imputado” y que el hecho tampoco se encontraba prescripto.

Además, el representante del MPF sostuvo que la acusación fiscal no tiene incongruencias, como argumentó la defensa; que todas las particularidades del caso habían sido extensamente analizadas; que no se advertía ninguna vulneración a los derechos del acusado y que el Tribunal se encontraba en condiciones de emitir su veredicto.

Cabe recordar que durante el alegato del MPF, expuesto a fines de junio, la auxiliar fiscal María Laura Grigera había señalado que el perjuicio patrimonial generado por el accionar ilícito de Romero podía ser calculado en un monto cercano a los 690.000 pesos, producto de las apropiaciones indebidas en fraude a la administración pública entre noviembre de 2003 y noviembre de 2006.